Vaciamiento, despidos, precarización laboral. Mientras los dueños de los medios sacan pecho apuntalados por un gobierno que promueve la ley del gallinero, los trabajadores de prensa viven tiempos de zozobra. Grupo 23, lo que se hizo y lo que no. Un camino para la comunicación popular: asumir riesgos y desafíos.

Por Juan Salvo

Lo que hasta ahora no pudo la política lo consiguieron los dueños de los medios de comunicación. Hugo Moyano, Antonio Caló, Hugo Yasky y Pablo Micheli se unieron para reclamarle al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que auxilie a los trabajadores del Grupo 23, la cara más visible de la ola de vaciamiento, despidos y ajuste que sufren los trabajadores de prensa.

Los titulares de las cuatro centrales sindicales firmaron una nota en la que reclaman al gobierno de Mauricio Macri la utilización de los Repro (Programa de Recuperación Productiva) para que los trabajadores de Tiempo Argentino, Radio América, Infonews, El Argentino zonales y Revista 7 Días cobren su salario, impago desde diciembre pasado por el grupo empresario encabezado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

En este contexto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) reclamó al Estado nacional que “arbitre los medidas necesarias para garantizar la continuidad de la frecuencia 1190 AM Radio América, con los 120 puestos de trabajo, ya que la emisora ha sido abandonada por sus dueños y la frecuencia pertenece al Estado”.

El Sipreba pidió además que la pauta publicitaria adeudada por el Estado al Grupo 23 “no se destine al bolsillo de los vaciadores sino directamente a los trabajadores quienes son los verdaderos acreedores”.

La situación en Tiempo Argentino es otro ejemplo de los tiempos que corren. Una asamblea de trabajadores del diario denunció que “la nueva patronal encabezada por Mariano Martínez Rojas, del Grupo M Deluxe, luego de prometer la cancelación de la deuda salarial que mantiene con nosotros y con los compañeros de radio América, que ya superaron los 50 días de paro, optó por desconocer todos los acuerdos e incumplir sus compromisos y, desde el viernes 5 de febrero, dejó de imprimir el diario generando una situación de lock out”.

En la lista hay que agregar los 130 despidos en CN23, propiedad de Cristóbal López (otro empresario que creció con apoyo estatal), las cesantías en Crónica TV, el vaciamiento de BAE, los constantes retrasos salariales en Radio Rivadavia, Radio Del Plata y el canal 360TV y el programa de retiro voluntario (ya crónico) en Clarín, con el objetivo de “reducir personal” y precarizar a los que se queden.

Cebados
La ofensiva de los dueños de los medios no es ajena a lo que sucede en otros ámbitos, donde las patronales sacan pecho gracias a las señales que reciben del gobierno de Mauricio Macri, tanto en materia política como económica.

En términos políticos, leen como favorable el disciplinamiento de los trabajadores a través del miedo a la desocupación (de la que la ola de despidos en el sector público y privado es algo más que retórica), la represión a la protesta social (para muestra basta el Protocolo) y la prescindencia del Estado frente a la voracidad del “mercado” (que no es otra caso que el zorro dentro del gallinero).

En materia económica, los grandes grupos mediáticos (diversificados en distintos sectores de la economía y jugando fuerte en el escenario político) saben que viene un escenario recesivo, donde la caída en las ventas y la menor cantidad de dinero circulante va a afectar su rentabilidad, algo que no están dispuestos a resignar.

A esto hay que sumar la ventanilla que se abre con la recuperación de viejos negocios y la aspiración a nuevos. Ahí está el Grupo Clarín de nuevo en la transmisión del fútbol (¿cuánto tiempo pasará para que tengan “más rentabilidad” vía productos diferenciados, como la transmisión de los partidos en HD?) o detrás del negocio de las telecomunicación, quedándose con Nextel y muy cerca, vía socios, de tener también Telecom.

Qué hicimos, qué hacemos

En este contexto cabría esperar otra cosa (un resguardo, una barrera de contención) de aquellos empresarios que se beneficiaron con los recursos económicos y la iniciativa política desplegada por el kirchnerismo para quebrar el régimen oligopólico capitaneado por el Grupo Clarín. Lo mínimo que podrían hacer es preservar los puestos de trabajo y ser fieles a su público evitando la homogenización del discurso periodístico.

Aquí podría aplicarse el axioma Pugliese, quien resignado ante la insensibilidad del mercado por la debacle del gobierno de Alfonsín, inmortalizó: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Se podría acotar, también con razón, que el capital tiene todo menos eso, corazón. Tal vez esa sea una de las principales enseñanzas que en materia de política de comunicación deja el pasado reciente.

Los recursos públicos, en un Estado administrado por un gobierno popular como el que tuvo la Argentina entre 2003 y 2015, tienen que servir para equilibrar la balanza, para visibilizar a aquellos que son negados sistemáticamente por las corporaciones mediáticas, para incidir en la agenda temática, para disputar sentido. El vaciamiento del Grupo 23 es una estafa a ese objetivo, una traición a la construcción de un mapa de medios plural.

A la estrategia de crear y/o apuntalar medios comerciales de empresarios afines le faltó una pata, de la que sin embargo se hizo eco la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada durante la presidencia de Cristina: fortalecer y promover medios no comerciales que por su propia naturaleza no sean susceptibles a los cambios de humor (y de bolsillo) de los empresarios.

El desafío, sin embargo, puede asumirse ahora. La tarea del movimiento popular en términos de comunicación pasa por potenciar las herramientas comunicaciones de las que disponen numerosas organizaciones sociales, populares, estudiantiles y de la sociedad civil (universidades, centros culturales, barrios, iglesias, etc), y crear otras, aprovechando el viento de cola que generan en término de costos y accesibilidad las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación y la información (radios y canales de TV a través de Internet, podcast, etc).

Para ello, es cierto, no alcanza con poner al aire una radio ni abrir una cuenta de Facebook. De lo que se trata es de llegar a todos con productos de calidad, que interpelen a sus destinatarios, que no contrapongan la rigurosidad informativa y la veracidad a la toma de posición, que pongan en crisis el sentido común. Como ya se dijo tantas veces, en esta y otras ocaciones, con los fierros no alcanza.

Otra apuesta, difícil por cierto, es conservar los espacios de masa crítica (y los puestos de trabajo) que se abrieron en los medios comerciales que por el contrato de lectura que establecieron con sus destinatarios pueden contribuir a evitar la hegemonía informativa de los medios concentrados.

En cualquiera de las opciones, o en todas ellas, es imprescindible discutir el mensaje en su lugar de llegada, estar donde el discurso periodístico empieza a encarnar, a construir sentido. En una palabra, militar el periodismo. De lo contrario, cuesta plata y ya sebemos cómo termina la historia.