UN CINTURÓN QUE NO PARA DE AJUSTAR: LA UBA EN EL OJO DE LA TORMENTA

El miércoles 27 de abril el Consejo Superior de la UBA votó el Presupuesto de 2016 que implica un grave retroceso para la universidad pública: hay 0% de aumento para gastos de funcionamiento, becas e infraestructura universitaria y un gran ajuste en la transferencia de recursos, producto de la anulación de convenios de la UBA (y de muchas otras Universidades Nacionales) con el Estado Nacional decretada en febrero por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

Por Florencia Faierman* y Federico Demiryi**

A fines de 2015, como todos los años, el Congreso de la Nación sancionó el Presupuesto General de la Administración General para el ejercicio 2016, que en el artículo 12 referido a “gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales” otorga $51.946.796.000. (Fuente: http://www.infojus.gob.ar/27198-nac…).

La Ley de Presupuesto 2016, aprobada antes del ballotage de noviembre pasado, aumentaba en un 30% la inversión en la universidad pública, pero no contemplaba la devaluación impulsada por el gobierno de Macri a fines de diciembre ni el tarifazo a los servicios públicos efectuado en febrero, marzo y abril que afecta severamente al sistema universitario nacional, como al resto de las actividades.

El miércoles 27 de abril –  resulta alarmante que este presupuesto contemple un irrisorio 15% de aumento salarial para los docentes de la UBA-   no prevé nuevas designaciones ni rentas.  Por lo  cual, a la  vez que genera una  crisis en la situación de los docentes rentados,  continúa agravando la situación  de  los  docentes  ad  honorem que existe en muchas carreras de esta universidad.

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No es que sorprenda: Macri y sus actuales funcionarios ya habían adelantado antes de asumir el gobierno que, la Educación Superior pública de nuestro país, definida como desarancelada por el primer gobierno de Juan Domingo Perón, no está dentro de sus prioridades. Si en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron todos estos años una lógica privatista y empresarial respecto de la educación, no iban a dar un giro ahora a nivel nacional.

A los papeles

Vamos a los resultados, bastante evidentes: en el marco del tarifazo que estamos viviendo, y con esta propuesta presupuestaria, en concreto, la Universidad de Buenos Aires no tendrá la posibilidad de pagar la luz de las aulas y pasillos desde agosto en adelante.

Es importante profundizar en este punto, y ponerlo de cara no sólo a sus consecuencias inmediatas sino también a las futuras. La Universidad de Buenos Aires es el lugar de trabajo de miles de docentes y no-docentes, y el lugar donde ejercen su derecho a la educación más de 300.000 estudiantes. La vida de todas estas personas se ve directamente afectada por el presupuesto votado, puesto que al problema ya consumado de los aumentos de precios de los servicios, y en particular del transporte público con el que van a su lugar de trabajo/estudio, se le va a sumar, en agosto, el problema no menor de transitar sus facultades sin luz, sin calefacción, y seguramente, con muchas menos herramientas de trabajo, como un simple marcador de pizarrón o instrumentos de laboratorio para prácticas.

Las universidades públicas, entre ellas la UBA, son también centro de producción y circulación de conocimientos, que en los últimos años, además, se habían puesto fuertemente en relación con el desarrollo productivo y social de nuestro país. A través de programas, subsidios e inversión pública, y con el logro de un aumento histórico del presupuesto universitario, el Estado Nacional había ayudado a recuperar en gran medida el rol social de la universidad, tanto respecto a la producción como en cuanto a su vinculación con la demanda social concreta en los territorios. En criollo: el Estado había apostado a que las universidades fueran protagonistas del desarrollo económico soberano, invirtiendo recursos y fomentando la articulación entre estas casas de estudio e investigación, diversos sectores de la producción, en particular el propio Estado y empresas nacionales, como YPF y ARSAT, y la sociedad, en particular los sectores populares.

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 Un ajuste que no cede

Un ajuste en el presupuesto universitario no solamente afecta la vida cotidiana presente de las personas que transitan sus edificios (problema absolutamente relevante en sí mismo), sino que además define o al menos nos adelanta una política de ajuste también en el desarrollo científico y tecnológico nacional, cuyas consecuencias generan: pérdida de puestos de trabajo, ajuste de la investigación a la agenda de las grandes corporaciones internacionales, importación de patentes y otras producciones científicas sin perspectiva local sino mercantil, y la más famosa “fuga de cerebros”.

 Esto significa un retroceso profundo de lo conseguido, y pone en peligro tanto el derecho a la educación de quienes concurren a la universidad y las conquistas salariales alcanzadas hasta 2015 (que no son suficientes pero han sido un gran avance), sino también lo que Eduardo Rinesi llama el “Derecho a la Universidad”; es decir, el derecho de todo el Pueblo argentino de participar activamente de la producción de conocimientos a través de la atención a su demanda, y el de ser destinatarios de dichas producciones; en síntesis, pone en riesgo el potencial de desarrollo soberano para una independencia económica con justicia social.

Se está escuchando y leyendo por ahí que la última vez que se paró la UBA completamente fue en 2001, con el recorte de López Murphy. Es cierto. Y si no hay un recálculo de las decisiones en cuanto a financiamiento universitario,  otra vez docentes, estudiantes, no – docentes y toda la sociedad que se involucró estos años directa o indirectamente con los aportes socio-económicos de la universidad pública, unidos dando la batalla.

(*) Graduada de Ciencias de la Educación (**) Graduado de Sociología

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