(Por Esther Levy*) El gobierno de Macri decidió arremeter contra la Universidad Pública y lo hace de modos no sutiles como escatimar presupuesto; ofrecer en las paritarias porcentajes desactualizados en relación a la devaluación e inflación que se desató desde que Cambiemos asumió; el desmantelamiento de programas educativos de diferentes niveles del sistema; la negativa a otorgar el boleto estudiantil; el importante recorte de las becas e intentar restringir el ingreso agarrándose de fallos “oportunos para la ocasión” como el del juez Pablo Cayssials que declaro inconstitucional uno de los artículos de la Ley que establecen el “ingreso libre e irrestricto”. A esto se le suma una campaña de desprestigio de parte de Cambiemos y sus operadores hacia las nuevas universidades del conurbano reinstalando la idea de utilidad y mérito que oculta que la educación es un derecho que no prescribe con la edad. Frente a estas políticas que reviven aquel descomunal recorte de casi 2000 millones que Ricardo López Murphy decretó en marzo de 2001, los universitarios -estudiantes, docentes y no docentes- expresaron su malestar instalando el debate dentro y fuera de las aulas.
Los paros de varios días, las clases públicas en las calles, estaciones de subtes, trenes y plazas, hasta un petitorio con 39.000 adhesiones que se le entregó “en mano” al Ministerio de Educación, fueron las formas de sacar la lucha a la calle y darla a conocer a la opinión pública. También, los estudiantes de Filosofía y Letras y Psicología de la UBA, tomaron ambas facultades “contra el ajuste, por presupuesto, salario docente y el boleto educativo”, aunque se mantuvieron las clases públicas y las tareas administrativas. Un dato gravísimo de la jornada del lunes 9 de mayo cuando se inició la toma en Filosofía y Letras fue el intento de la policía (con una orden del fiscal) de impedir las clases públicas en la calle, hecho que no se repetía desde 1995.
Un gobierno de derecha siempre busca fracturar la lucha del campo popular porque sabe que un pueblo organizado denuncia y resiste. La universidad, hoy atacada en términos simbólicos y materiales, enfrenta esta avanzada con las únicas herramientas que tiene y le dice al gobierno que no va a ser fácil la batalla si insiste en reflotar la estrategia de desmantelamiento y vaciamiento del menemismo y la Alianza.
No fue una marcha más
Estos reclamos confluyeron en la Gran Marcha Nacional en defensa de la Educación y la universidad pública convocada por todas las federaciones docentes, no docentes y estudiantiles al Ministerio de Educación para exigir una precomposición salarial del 40% y el aumento presupuestario para todas las universidades públicas y hospitales universitarios. En las calles, no pocos eran los que recordaban las marcha de marzo de 2001 contra el recorte del gobierno de Fernando de la Rúa, pero, a diferencia de entonces, hoy la salida a la calle tiene algunos elementos nuevos, diferentes que vale la pena resaltar.
En primer lugar, participaron centros de estudiantes de escuelas secundarias junto con muchísimos jóvenes militantes de organizaciones sociales y políticas que en estos 12 años aprendieron que los derechos se conquistan y que la palabra política no es neutral ni mala, sino la expresión de la posibilidad de cambio. En segundo lugar; los docentes y graduados (incluidos decanos y rectores) marcharon detrás la bandera de su sindicato y no dispersados buscando una esquina donde encontrarse con su cátedra y colegas. Otro dato fue la cantidad de estudiantes y docentes de las Universidades nuevas de Conurbano, esas que según Macri sobran, que marcharon con banderas propias.
Y por último un dato central que se debe leer en concordancia con la marcha del 29 de abril pasado “contra los despidos y por el trabajo” que congregó a miles de trabajadores de todas las Centrales: aquí también las medidas de ajuste del macrismo lograron la unión de todos los sindicatos, esto es Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA y Ctera y las federaciones estudiantiles FUA, FUBA, FULP, entre otras.
El hecho de que se reedite 15 años después una marcha con reclamos muy similares podría oler a pasado o a retroceso porque es el mismo paisaje: la derecha en el poder y los trabajadores reclamando por sus derechos. Sin embargo, este sería un análisis no del todo completo porque a diferencia de entonces ya no hay lugar para instalar el slogan “los ajustes económicos son inevitables”. Ese es hoy el argumento neoliberal más fácil de rebatir a la luz de la experiencia de los últimos 12 años que nos dejaron claro que las decisiones económicas son decisiones políticas y no al revés, y que si un gobierno dice respetar los derechos, tiene que invertir presupuesto para generar las condiciones para el ejercicio efectivo de esos derechos. Lo demás son excusas.
El espejo opaco de los medios
Las últimas informaciones muestran que el gobierno sigue sin escuchar y, peor aún, se concentra en desarticular la lucha. Sin embargo, las representaciones gremiales y estudiantiles no bajan las banderas a la espera de una respuesta satisfactoria. Hoy, a diferencia de la breve estadía de la Alianza en el gobierno, los medios de comunicación se niegan a reflejar este movimiento insurgente que aglutina ideologías y trayectorias diversas, pero unidas por la defensa de lo público. La crónica de las clases públicas se redujo a los problemas de tránsito, lo mismo que la multitudinaria marcha del 12. Imágenes poco y nada.
Lo que si tuvo difusión masiva son las opiniones descontextualizadas de los funcionarios sobre el no arancelamiento e ingreso irrestricto como demagogia, y la calidad de la educación superior. No hay que ser inteligente para pensar que hay un micrófono selectivo o ignorante (o ambas cosas) que es incapaz de profundizar en el debate sobre la defensa del derecho a la educación. Tal vez ese sea el desafío: no gritar más fuerte sino fortalecer a los medios que hacen oír la voz de los trabajadores y estudiantes.
* Doctora, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras.
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