Ocho jóvenes, militantes de la juventud peronista, dos de ellos menores de edad, muertos por fuerzas paraestatales. Fuerzas que derrocaron a un intendente elegido democráticamente que moriría casi un año después de aquel 21 de marzo de 1975. La Masacre de Pasco fue el preludio del exterminio de militantes más fatal de nuestro país, con un costo de tres décadas en participación política positiva y masiva de jóvenes.

Por Julián Tagnin

La muerte vista desde cierto detenimiento no puede resultar ajena. Este principio se agrava si fuera motivada por la violencia, y más aún la política. En Lomas de Zamora el tiempo no es suficiente para pasar el dolor y el reclamo de memoria, verdad y justicia. Ni fueron suficientes los 12 años donde el Estado rindió cuentas por sus crímenes de lesa humanidad. Aún quedan causas pendientes.

La violencia política genera rechazo en cualquier sociedad moderna, y hubo sectores sociales que evitaron el olvido cómplice de la injusticia y el abuso.  Organizaciones sociales, políticas y populares que reciben el respaldo de una sociedad que sanamente legitima las políticas de reparación histórica.

A las 21.30 de aquel 21 de marzo del 75 ocho autos, varios Ford Falcon gris o negros, frenaron en Donato Álvarez, a escasos metros de la Avenida Pasco, en el barrio San José de Temperley. Los automóviles transportaban entre quince y veinte personas de civil con capuchas negras. Uno llevaba una máscara de carnaval.

El Bar El Recreo también funcionaba como almacén y como lugar de encuentro. Lo atendía Don Pascual, un italiano que decía haber hablado con Perón. Hacía calor esa noche cuando irrumpieron los encapuchados, con armas largas y cortas. Apuntaron a Don Pascual con ametralladoras y al mozo, Luis Ortiz. Los amenazaron de muerte. Preguntaba a los gritos por Héctor Lencina, pero el concejal no estaba allí, dijo el mozo. Arremetieron con ráfagas de ametralladoras sobre las paredes, el mostrador, la estantería, la heladera, rompían mesas y sillas. Robaron relojes, dinero y otros objetos de valor. Según el parte policial de la época se apropiaron de un colectivo.

Héctor Lencina, Coca, y Alejandro, el hijo de ambos vivían en Donato Álvarez 47, justo al lado del bar. Con Hugo Sandoval, invitaron a Aníbal Benítez, cafetero del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora y a su esposa Gloria a cenar en su casa, con la bebita recién nacida de ambos. Jugaban Independiente y Chacarita, y querían relajarse mirando el partido. También estaba la hermana de Coca, Crsitina Rapari, que le cuidaba al nene de 4 años cuando no estaba en casa.

Irrumpieron hombres enmascarados a la casa. Levantaron al concejal y a su amigo Aníbal Benítez, los metieron en uno de los autos, mientras otros revisaban el departamento buscando papeles, información que se llevaron. Destruyeron casi totalmente el lugar y tiraron bombas incendiarias. Cristina Rapari, tía de Alejandro, lo tomó fuertemente y junto a Gloria Benítez corrieron para resguardarse de la lluvia de balas que se había desatado en la casa. Un rato antes, Cristina había forcejeado con los captores, decididos a llevársela. Se salvó porque uno de ellos gritó que no era Coca Rapari, a quien buscaban.

En esos días Hilda Coca Rapari de Lencina estaba de viaje en Córdoba para organizar una reunión con los militantes de esa zona. Tuvo un mal presentimiento y volvió a casa. Se tomó el colectivo y decidió bajar unas cuadras antes de Donato Álvarez, por seguridad. Le pidió a una compañera, Claudia Istueta que la acompañe hasta la barrera de Pasco y Caaguazú porque se sentía aterrorizada. Eran las 10 de la noche y Pasco era un caos, se veía un gran embotellamiento de autos. Empezó a correr para su casa, pero los vecinos le dijeron que no fuera a su casa porque “unos ladrones” habían entrado. Escuchó tiros. No tuvo dudas de que se trataba de la AAA.

La historia fue reconstruida por la investigadora y docente Patricia Miriam Rodríguez Heidecker, autora del libro la Masacre de Pasco. “Coca seguía avanzando por Pasco, aunque en realidad quería escapar por miedo a lo que iba a encontrar y a la altura de Pasco al 4600, justo donde estaba ubicada la Unidad Básica 22 de agosto vio a la caravana de la AAA detenerse”, detalla la autora.

La patota también se detuvo donde vivía la vicepresidenta del Concejo Deliberante, Irma Santa Cruz, con la misma metodología: parapoliciales destruyendo puertas, ventanas. Allí capturaron a Héctor Flores, de la agrupación Patria Soberana,  ex-secretario de la concejal, y lo obligaron a ingresar a uno de los autos, mientras el resto del grupo revisaba la casa, para llevarse documentación y objetos de valor. Flores, militante del barrio Los Pinos de LLavallol, había organizado varias marchas al Ministerio de Bienestar Social para conseguir las escrituras de los departamentos. La autoridad máxima era El Brujo López Rega.

Héctor Flores intentó escapar, defenderse, pero se entregó sin oponer resistencia, porque temía por la vida de Héctor Ricardo, su hijo mayor, que lo acompañaba y a quien tenían de rehén. Padre e hijo se cruzaron cuando liberaron al muchacho, que corrió mientras escuchaba los tiros. “El niño estuvo gran parte de la noche dando vueltas por Donato Álvarez. Pasaron más de treinta años y aún persisten, en su cabeza, imágenes traumáticas de aquella noche. Héctor Ricardo no habla, sólo gesticula. Los hermanos Flores viven en el mismo barrio de la infancia, pero ni remotamente se comunican, el horror los fragmentó”, aclara la investigadora.

Finalmente, cuando concluyeron la serie de capturas, la caravana siguió viaje con los siete secuestrados hasta la calle Santiago del Estero y Sánchez, a una cuadra de la casa de Caferatta, donde fueron bajados a empujones, hasta la calle de tierra. Vecinos curiosos se asomaban a mirar, pero les indicaban a punta de pistola que vuelvan a meterse.

Los siete secuestrados fueron obligados a arrodillarse. Uno de ellos gritaba que si lo tenían que matar lo hicieran de pie. Otra voz gritó: “Viva la patria”. Los balearon hasta que cayeron acribillados. Apilaron los cuerpos e hicieron estallar dos granadas. El cuerpo del concejal Lencina, al ser proyectado hacia arriba cayó sobre un cable eléctrico provocando un corte de energía en un amplio radio del lugar.  Otro de los cuerpos yacía únicamente con el tronco. Los artefactos explosivos mutilaron los cuerpos y dejaron dos cráteres en la calle de tierra. La onda expansiva provocó la rotura de cristales hasta diez cuadras a la redonda.

Los cuerpos destrozados quedaron exhibidos sobre un baldío, una bandera de 2mts de largo: “Fuimos Montoneros, fuimos del ERP”, amenazaba.

El sábado pasado en el Ex Centro clandestino de detención, tortura y muerte conocido como el Pozo de Banfield hubo una nueva jornada conmemorativa, con música en vivo y otros espectáculos culturales nacidos al calor de la expresión que se opone a la represión social.  La razón histórica y humanitaria está con quienes respetan los DDHH, quienes piden jugar libremente el juego democrático, incluso en desventaja para el estado actual de la política lavada de contenidos.

El aire enrarecido de los tiempos actuales actuó como contrapunto de esta jornada. En la misma semana del evento el gobierno provincial reprimió a trabajadores y el gobierno nacional mandó a censurar un programa mediante probables extorsiones fiscales y jurídicas que ni se esmeran en ocultar, totalmente obscenas. La discusión no está saldada y la Masacre de Pasco sigue hiriendo la memoria de un país que se esfuerza por ocultar sus crímenes ante la comunidad internacional.