Massar Ba era un referente de la comunidad senegalesa. Fue encontrado en la calle México al 1300 en la noche del lunes 7 de marzo con lesiones graves y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde murió el día 8 debido a la gravedad de sus heridas. Ni la comisaría 8va de la Policía Federal ni la Fiscalía 7, a cargo de Justo Rovira, tomaron medidas para el esclarecimiento de lo ocurrido desde que su cuerpo fue hallado.
Por Joaquín Monge
El pasado 21 de marzo, a las 11 horas, se realizó una jornada de protesta en la Fiscalía Nº 7 ubicada en la calle Paraguay al 1530. Bajo las consignas “Justica por Massar Ba”, “¡No al racismo!”, ¡No a la discriminación!”, ¡No a la xenofobia!”. Diversas organizaciones pidieron que no quede impune la muerte del senegalés; que se esclarezcan los hechos (aún se desconocen los contenidos grabados de las 4 cámaras de seguridad de la policía ubicadas en la calle en la que fue encontrado Massar) y se investigue profundamente desde una perspectiva integral, antidiscriminatoria, antirracista, no descartando la violencia institucional. Por otro lado, la Asociación de Residentes Senegaleses en la Argentina pide ser aceptada como querellante en la causa para poder acceder también a la investigación.
Militante por los Derechos Humanos y migrantes, Massar Ba también era parte de la Asociación Civil Movimiento Islámico Latinoamericano en la Argentina y fue director de la Casa de África en la Argentina. En el último tiempo se involucró fuertemente en el conflicto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunciando el hostigamiento policial y la persecución y el robo a los trabajadores ambulantes, buscando siempre mediar para que se respeten los derechos humanos. Siempre defendió a sus compatriotas (y a los inmigrantes en general) y les ayudaba con la vivienda, sus papeles migratorios y el trabajo. Derechos básicos establecidos en la propia Constitución Nacional.
Alrededor de un mes antes de su muerte había sido desalojado por personal policial de una vivienda colectiva (a la cual el propietario había duplicado el precio del alquiler) y le intentaron incautar sus pertenencias. Durante el conflicto por los manteros en Liniers fue una de las caras visibles en su defensa, muy a pesar de la manipulación de los medios. En sus últimas semanas se comunicaba poco con sus familiares, compañeros y amigos. Contó que recibía amenazas y que estaba siendo perseguido.
Estigmas
Los medios calan sobre el germen del sentido común. Durante la movilización de las casi 100 personas a la fiscalía, decenas de curiosos se acercaban a preguntar. Los afiches pidiendo justicia y el color de piel de los presentes llamaban la atención. Algunos se indignaban por el corte de calle, otros decían que “algo habrá hecho”.
Cuando la discusión se profundizaba preguntaban por la mafia de la venta ambulante. Desconocen la solidaridad existente entre la población migrante y en especial la africana. Las dificultades para integrarse y encontrar trabajo (aún cuando muchos de ellos son bi o trilingües y con título universitario) no les impide ganarse la vida de la forma más honesta posible, en la compra y venta de mercadería que consiguen de forma legítima y, muchas veces, comunitaria.
Muchos senegaleses, víctimas de persecuciones políticas, religiosas o de crisis sociales, encuentran en Argentina la posibilidad de obtener un refugio y escapar de la muerte de un país en donde la pobreza alcanza al 56% de la población. La Constitución y la ley argentina declaran la migración como un Derecho Humano, pero el accionar de las fuerzas policiales y la indiferencia social son la principal barrera para el cumplimiento efectivo.
Antecedente
El caso de Massar no es el primero. José Delfín Acosta Martinez fue asesinado en manos de la policía por defender los derechos de la comunidad afro. Fue Maestro, promotor de la capoeira, del candombe, del tango e investigador de la cultura afro del Río de La Plata. Tenía 32 años cuando el 5 de Abril de 1996 salió en defensa de dos jóvenes afrobrasileros que estaban siendo detenidos por la policía sin razón. Fue llevado a la comisaría 5 (ubicada en Lavalle 1948) y asesinado a golpes por la policía. El caso, a pesar de haber llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sigue impune. La apuesta, en palabras de Carlos Álvarez de la Agrupación Xangó, es que no se repita la historia. “Somos parte de este país y merecemos la misma justicia que todos” afirmó.
