Alrededor de las 12 del mediodía del día jueves 17 de marzo, un Juez Federal invalidó la designación de Lula como nuevo Jefe de Gabinete, a pocas horas de ser nombrado en acto oficial. Se abrió una crisis de gobierno.
Por Modesto Emilio Guerrero
En un país donde el Tribunal Supremo asume un poder especial en situaciones de crisis, desde 1983, esta medida de tipo cautelar intenta impedir que el expresidente asuma en el cargo que lo protegería de ser apresado por la policía.
Al mismo tiempo, hoy se supo que el Vice presidente del país, Temer, rechaza el nombramiento, una decisión que ya había manifestado a primeras horas de la mañana de hoy cuando no asistió al acto oficial de protocolo donde fue ungido Lula, obligatorio para un Vice presidente.
Temer representa en el gobierno al PMDB, un partido de derecha que Lula escogió como aliado en 2001 para gobernar. En los hechos, se ha producido una ruptura del pacto de gobernabilidad, ya fragilizado desde 2015. Esta concepción lulista de pactar la gobernabilidad con sus enemigos potenciales, produjo esta mañana otro hecho previsible. Dilma nombró al frente del Banco Central a un funcionario clave del sistema financiero internacional.
Esta señal, que para Dilma y Lula es un mensaje de paz, para el sistema financiero y la oposición interna es, en cambio, la señal de que el gobierno ya no gobierna y debe, según ellos, ser derribado.
Un importante Juez Federal, Sergio Moro, se ha convertido en un protagonista de la oposición política dedicado a destronar a Lula y a Dilma, utilizando para ello los errores de los cuatro gobiernos petistass y la fragilidad abierta por los casos de corrupción convertido en escándalo internacional, conocidos como Petrolao y Lavajato.
Es una suerte de guerra total entre las principales instituciones que rigen el país, pero esta guerra en las alturas institucionales y los titulares de prensa, tiene como cocina a millones de personas opositoras en las calles pidiendo la salida de Dilma y su gobierno, dentro del cual, desde hoy, Lula Da Silva sería un protagonista. Esto, si prospera la medida cautelar del Juez Federal.
Por otro lado, el Parlamento está fraccionado entre petistas y anti petista, debido al proceso de impugnación del segundo mandato de Dilma Roussef desde hace dos años y medio.
Tanto el Partido de los Trabajadores como el gobierno petista, perdieron la iniciativa de la calle a favor de las organizaciones opositoras, entre ellas muchas ONG y agrupaciones civiles anti petistas que salieron a las calles esta mañana del jueves munidos de cacerolas y otros objetos altisonantes.
El último dato clave de la crisis fatal de la situación brasileña es el acuartelamiento de las fuerzas armadas y policiales en por lo menos dos ciudades: Brasilia y Sao Paulo.
Dilma acusó a la oposición de actuar detrás de “un golpe en marcha”, que estaría fogoneado por el sistema de medios comerciales privados, aliados de la oposición, a pesar de que se beneficiaron de los dos primeros gobiernos de Lula y del primer mandato de Dilma. La ruptura se produjo con el segundo mandato de la presidenta y cuarto del PT. “Los golpistas no me van a voltear y no pondrán a nuestro pueblo de rodilla”, proclamó a mediodía de hoy la Presidenta.
En las calles se han visto banderas opositoras con frases que invitan a los militares a intervenir para desplazar a Dilma y el PT del gobierno. El último golpe de Estado de tipo militar se sufrió en Brasil en 1964, cuando un gobierno nacionalista militar fue derribado violentamente con apoyo directo de la Embajada de EEUU. Con aquel golpe se abrió en América latina el modelo de golpe con genocidio, que luego padecieron Uruguay, Chile, Argentina, el Salvador, Guatemala y Honduras.
Sin embargo, la realidad brasileña se desliza por una pendiente de quiebre institucional y social, iniciado a comienzos del año pasado, suspendido entre noviembre y febrero y recomenzado en marzo, como se había previsto. Esta fractura gubernamental, aunque no ha culminado, y nadie puede asegurar un final favorable a la oposición, confirma de todas maneras el proceso de retroceso de los gobiernos populistas o progresistas del continente, que registra por ahora una sola derrota completa en Argentina.
