Está lista toda la maquinaria para justificar la derogación de la “Ley Cerrojo”, con el argumento de que es indispensable acordar con los hold out para tomar deuda, porque de otra forma habría que aplicar un ajuste aún mayor. El mundo en que este gobierno nacional nos quiere insertar tiene reglas claras: las naciones deben endeudarse y ceder soberanía, aceptando que el FMI revise las cuentas. La deuda es un mecanismo de dominación.
Por Vanina Pasik
El bloque de diputados del Frente para la Victoria se negará a dar quórum. De todas formas, el oficialismo estuvo haciendo los acuerdos necesarios para obtener la cantidad de diputados. Y además, como bien destaca La Nación en su portada de hoy, los gobernadores del PJ están de acuerdo con tomar deuda para solventar a sus provincias. A la postura de Juan Manuel Urtubey (Salta), se sumaron en las últimas horas Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manzur (Tucumán) y Domingo Peppo (Chaco), y ejercerán presión sobre los legisladores de sus provincias. Estas posturas se anticipan a la reunión que tendrán el jueves con Rogelio Frigerio, en la que expresarán sus reclamos por la coparticipación.
La encrucijada es compleja. Entre el miércoles y el jueves será posible escuchar toneladas de argumentos. Los diputados del Bloque Justicialista, con Diego Bossio a la cabeza, presentarán un dictamen de minoría en el que plantearán un límite al endeudamiento externo -cifra no explicitada por el Pro-, reclamarán un dictamen de la Procuración del Tesoro que garantice que el acuerdo no deje la puerta abierta a nuevas demandas contra el país, y por último, piden que los créditos futuros estén destinados a infraestructura y no al pago de gastos corrientes.
Ese es el tipo de oposición que todos quieren. Una oposición dialoguista, que tiene espacio para marcar tibias diferencias con el oficialismo, pero que lo acompaña en lo sustancial. Mientras tanto, el bloque del FpV muestra fisuras. Ayer, el senador Juan Manuel Abal Medina salió a diferenciarse del jefe de la bancada de la Cámara Baja, Héctor Recalde, al manifestarse a favor de dar el quórum. De hecho, el quórum lo tienen gracias a las negociaciones que lleva adelante el propio oficialismo. Será simbólico que en un primer momento 84 diputados dejen sus bancas vacías. Aunque una vez iniciada la sesión podrán entrar al recinto y expresar sus posiciones.
Carlos Heller, actual Vicepresidente Primero de la Comisión de Finanzas, advirtió sobre las consecuencias de la derogación de la ley 26.017. “Nos deja a merced de la interpretación de cualquier otro juez que podría hacer lugar a demandas que hagan los que entraron en los canjes anteriores porque se sientan defraudados, no por una cláusula que tenía el bono y que ha caducado, sino por un cambio del gobierno argentino que ha modificado su propia ley, en la que había asumido con esos acreedores un compromiso y no lo está cumpliendo”, apuntó.
El acuerdo con el 93% de los acreedores tenía una cláusula, la pari passu, que garantizaba que ningún acreedor iba a obtener mejores condiciones de pago en el futuro. Se pretendía poner un límite a los gigantes capitales carroñeros, que tienen cintura económica para especular por tiempo indeterminado con deudas soberanas, tomadas durante severas crisis económicas y sociales de los países.
Endeudarse para pagar y volver a endeudarse
Entonces el proyecto es endeudarse para pagar a los buitres que no aceptaron las ofertas anteriores –lo que podría disparar el reclamo del casi 93% que había aceptado antes– con el objetivo de acceder al mercado internacional de crédito. Además ahora se les pagará al contado: antes no se tomaba deuda para pagar al contado sino que se entregaban títulos, que iban al mercado y que allí tenían un valor determinado. Ahora se entrega una cantidad en efectivo, un pago concreto que implica una diferencia muy marcada con los pagos anteriores. “Uno de los fondos que invirtió en 2008 la cantidad de 428 millones de dólares se va a llevar 2 mil”, explicó Arnaldo Bocco, quien fuera director del Banco Central, en una entrevista del diario online Contexto.
Además, en el plano diplomático, se deja atrás todo un trabajo, que incluso potencias grandes como Italia y España, países importantes que temen ser atacados por fondos de esta naturaleza, acompañaron el año pasado en la ONU para generar un precedente diplomático que provoque el inicio de una discusión mundial sobre la nueva arquitectura que debía adquirir el sistema financiero para impedir que fondos especulativos se queden con más. Echan por tierra los importantísimos votos en la ONU a favor de la Argentina. Lo que hacen al respecto es dar vuelta todo.
Marcos Peña, lo dejó bien clarito ayer en Animales Sueltos, cuando se refirió al debate en el Congreso como el “trámite parlamentario”. Dijo que si no se aprueba la derogación de les leyes “no hay plan b”, que su expectativa es que en abril se alcance un acuerdo y si todo va según lo planeado “la guita entra en mayo, restableciendo así el vínculo con el sistema financiero en el mundo. Puede ser banca privada u organismos multilaterales”.
La deuda es récord, y fue destacada por el Financial Times. Los bonos a ser emitidos por el Gobierno para pagar a los holdouts, que sumarían US$ 15.000 millones, son sólo superados por la deuda de US$ 16.000 millones que tomó México en 1996.
Además, si se les paga a los buitres que siguen litigando una cifra mayor a la aceptada por los acreedores en los canjes de 2005 y 2010 podría despertarse una catarata de reclamos por parte de quienes aceptaron antes, confiando en el Estado Argentino. ¿Propondrán endeudarse aún más para pagarle a todos ellos? El remedio para salir del supuesto default es peor que la enfermedad. Los nuevos juicios que afrontaría la Argentina irían de los 120.000 millones a los 500.000 millones de dólares.
Ley Cerrojo
La Ley Cerrojo, que ahora Télam define como “un cepo al financiamiento internacional”, fue ideada por Roberto Lavagna en 2005 para enviar un mensaje a quienes tenían bonos que habían comprado a precio vil antes y durante la crisis del 2001. El mensaje era advertirles a los bonistas que no habría mejores condiciones. En una primera tanda, aceptaron las condiciones el 76% de los acreedores. Entre 2009 y 2010 hubo una reapertura, y se alcanzó que el 92,4% de los bonistas aceptaran el pago que se les ofrecía.
Con la Ley de Pago Soberano se le prohibió al Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo, un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho. Las ganancias que buscan obtener los fondos que litigaron, como el NML de George Eliot, y con el amparo del juez municipal neoyorkino Thmas Griesa, son usureras.
Los buitres con sentencia del juez Griesa obtendrán hasta cinco veces el monto nominal de sus tenencias, mientras que el resto de los holdouts recibirán una vez y media ese valor: Singer obtendrá 520 dólares por cada 100 y los otros 135 por cada cien. Además, el gobierno se comprometió a pagar los costos del litigio en los que incurrió el fondo NML: unos 265 millones de dólares -que el diputado Amadeo consideró “nimio”-. No existe jurisprudencia en la materia y el accionar de Griesa marca un pésimo antecedente.
La Argentina había propuesto en los últimos años, ante la ONU, que se diseñe una ingeniería económica mundial que proteja a las naciones de estos rapiñeros de gran escala. “Los fondos buitre no hacen inversiones genuinas, son especuladores internacionales que se dedican a explotar las fallas del sistema financiero global y -literalmente- apuestan a obtener ganancias descomunales, a costa del bienestar de millones de personas”, explicaba Cristina Fernández de Kirchner, en pleno ejercicio de sus funciones.
En el ordenamiento mundial de este nuevo milenio las corporaciones económicas rigen por sobre los estados nacionales. El argumento es que el financiamiento internacional es la única vía para evitar el “ajuste”. Luego, los presupuestos anuales son revisados con el FMI, quien ordena primero pagar las deudas, achicar los “gastos” en materia social y educativa, achicar los estados y asignar mayores responsabilidades a provincias y municipios.
