“No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro.” De esa forma Cristina Fernández de Kirchner oficializó su participación en las elecciones legislativas de Octubre 2017 por fuera de la estructura tradicional del Partido Justicialista. Se terminaron las hipótesis, tesis o síntesis sobre y con el randazzismo. El Frente Electoral Unidad Ciudadana está conformado también por el Partido Compromiso Federal liderado por Adolfo Rodríguez Saa; Partido Frente Grande (Mario Secco); Kolina (Carlos Castagneto); Nuevo Encuentro (Martín Sabatella) y Partido de la Victoria (Aldo San Pedro). A continuación los puntos más sobresalientes de las “propuesta abiertas al debate y al aporte” publicadas en la página oficial de CFK, quien hará su presentación formal como candidata a Senadora Nacional por la provincia de Buenos Aires el próximo 20 de Junio en el estadio de Arsenal de Sarandí, Avellaneda.
I – El engaño y la estafa electoral.
Macri en septiembre de 2015: “Vamos a terminar con la pobreza, la inseguridad y la exclusión”.
En la Argentina de nuestros días, la sociedad está sufriendo en carne propia la reinstauración del modelo neoliberal, consecuencia del engaño y LA ESTAFA ELECTORAL MAS FORMIDABLE DE LA QUE SE TENGA MEMORIA.
Si quien resulta electo para representar los intereses de todos y todas hace lo contrario a lo que prometió o a lo que propuso y programó, no sólo engaña a quienes lo votaron sino que rompe el contrato electoral entre gobernante y votante, punto de apoyo de todo el sistema democrático.
II – La ruptura del Contrato Electoral.
La ruptura del contrato electoral del 2015 está causando grandes dolores al pueblo argentino. El engaño sólo pudo realizarse con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos que ocultan y distorsionan la realidad de un Gobierno que vino a hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos.
No sólo engañaron, sino que armaron una puesta en escena para que las promesas de Cambiemos parecieran auténticas. Los medios concentrados, el partido judicial, los “especialistas”, “expertos” y “analistas”, y los organismos internacionales fueron cómplices y partícipes necesarios de un montaje para engañar y perpetrar la estafa electoral.
III – El Marketing
“La revolución de la alegría”, “podemos vivir mejor”, “no vas a perder ningún derecho”, fueron los slogans publicitarios utilizados por Cambiemos para engañar y obtener el voto. Sin embargo, cuando asumieron el Gobierno y llegó el turno del feroz ajuste neoliberal necesitaron renovar el engaño con un nuevo relato.
El problema no es el pasado que todos y cada uno de los argentinos tenemos, sino que con las políticas del Gobierno de Cambiemos no hay futuro para nadie. Queremos volver a tener futuro. Queremos volver a tener un país donde era posible tener proyectos y un plan de vida.
IV – Una vez más, la realidad es la única verdad.
Sin embargo, el marketing y lo virtual no logran ocultar la realidad y mucho menos la verdad. El ajuste neoliberal no es resultado de lo que “encontraron” cuando llegaron al Gobierno o de la “pesada herencia”. Mucho menos aún, de lo que faltaba hacer.
Al contrario, se trata de un programa económico, político y social que pretenden aplicar los grupos de poder nacionales y extranjeros para su propio beneficio. En menos de un año y medio se endeudaron por casi USD 100.000 millones, más del doble de la deuda contraída por la Dictadura Cívico-Militar.
El pueblo argentino sufre en carne viva las consecuencias de esas políticas neoliberales que destruyen empleos y salarios, provocan cierres de comercios, pulverizan el consumo y dañan gravemente a nuestra industria nacional.
V – Persecución política: Estado y medios.
Como nunca se había visto desde el advenimiento de la Democracia en 1983, se ha instalado en nuestro país la persecución política a través del Estado en articulación con los medios de comunicación. Sin embargo en esta etapa histórica, a diferencia de lo ocurrido en las Dictaduras, aparecen nuevos actores para cubrir la tarea que desempeñaron – en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional – las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El Gobierno neoliberal articulado con los medios de comunicación concentrados y el Poder Judicial, persigue a dirigentes y políticos que se oponen a su plan de entrega y escarnio popular. La disputa desatada entre sectores del propio gobierno por el manejo del Poder Judicial ya es inocultable. Se ventila en diarios, radios y por televisión, desenmascarando, por un lado, el falso discurso “republicano” de respeto a la división de poderes utilizado en la campaña y pone en descubierto, por el otro, cual es el rol que este gobierno quiere para jueces y fiscales: sicarios para eliminar opositores.
Otra vez, la violencia de la exclusión social corre en paralelo a la violencia político-institucional. Es que la experiencia histórica y la comprensión política enseñan que siempre, en toda época y lugar, el ajuste neoliberal viene necesariamente acompañado de la represión y la persecución: hay que acallar a los opositores, ya sea con estímulos o con amenazas, con el palo o con la zanahoria.
De esa manera se prepara el terreno institucional para la convalidación judicial de las medidas económicas y sociales que serán impuestas después de las elecciones de octubre para consumar la segunda fase del plan de ajuste: ir a fondo con reformas estructurales, que profundicen en forma perdurable la debilidad de los trabajadores y su salario en relación a los ricos y su capital.
VI – La segunda fase del ajuste
Profundización de la flexibilización laboral. Reforma del sistema jubilatorio y del PAMI. Apertura total e indiscriminada de la economía. Mayor desregulación del sistema financiero. Desmantelamiento y desinversión en las empresas públicas. Reforma tributaria regresiva. Avance sobre las autonomías provinciales. Eliminación de todo fomento a las economías regionales. Desfinanciamiento y desmantelamiento de la industria cultural. Retiro del Estado y administración “vaucher” en políticas públicas. Apropiación privada y extranjerización de los recursos naturales. Desintegración regional y Desmalvinización. Y como no podía ser de otra manera otra vez el FMI.
VII.- Los límites. Acción y construcción.
Instituciones y Organizaciones. El rol del Parlamento.
La furia y la ambición sin límites de una minoría, tiende a demoler los cimientos construidos y ha provocado un gran dolor y fractura social. No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Asi no se puede vivir más. Asi no se puede seguir. Asi no hay futuro.
El Gobierno de Cambiemos no tiene límites.
Por eso, el límite lo tenemos que poner entre todos y todas en las próximas elecciones.
Por eso la emergencia. Por eso la urgencia.
Por eso, también, la responsabilidad histórica.
Para ello resulta imprescindible:
Construir una nueva relación de fuerzas políticas y sociales que exprese la UNIDAD CIUDADANA para frenar el ajuste permanente, la desindustrialización endémica, el endeudamiento serial y la especulación financiera que la Alianza Cambiemos tiene como únicas metas de gobierno.
El Parlamento tiene que ser uno de los límites para el ajuste neoliberal, pero no el único. Las instituciones y organizaciones sindicales y sociales, en ejercicio de sus propias representaciones, tienen también una responsabilidad histórica frente a este nuevo calvario de los argentinos y no pueden ser ajenas a la convocatoria ciudadana.
Parlamento, Instituciones y Organizaciones necesitan de hombres y mujeres con convicciones, conocimiento, responsabilidad y coraje histórico para ejercer la representación popular e institucional de la ciudadanía y construir las líneas de defensa de los diversos y distintos sectores dañados por la política económica del gobierno. UNIDAD CIUDADANA para generar propuestas que pongan un límite a tanto dolor y fractura económica y social.
Propuestas que, retomando los lineamientos de los gobiernos nacionales, populares y democráticos, incorporen los nuevos desafíos del momento histórico actual, caracterizado por el retorno continental del neoliberalismo.
Estas son las propuestas que están abiertas al debate y al aporte, y quienes las firmamos nos comprometemos a llevarlas adelante para frenar el ajuste y construir más y mejor democracia.
- Recuperar lo perdido: empleo, salario y condiciones de trabajo.
Es necesario declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil. No debe votarse ningún intento de flexibilización laboral y/o de violación de los convenios colectivos de trabajo, reafirmando el derecho a paritarias libres. El efecto inmediato del mejoramiento de los salarios es el fortalecimiento de la demanda y el mercado interno, la reactivación de la economía y la mejora en las cuentas públicas.
2. Frenar el aumento descontrolado en los precios de los consumos populares.
Es necesario declarar la emergencia alimentaria y farmacológica. Volver a aplicar seriamente programas como Precios Cuidados, Ahora 12 y profundizar la intervención del Estado a través de acciones y legislación que regulen la formación de precios en las cadenas de valor, en particular para bienes esenciales, insumos básicos y medicamentos. No puede permitirse que los precios sean altos para el consumidor y las retribuciones ínfimas para los pequeños productores. Ante la inacción del Gobierno de Cambiemos deben crearse órganos específicos en la órbita del Poder Legislativo.
- Proteger la industria nacional.
Es necesario que el estímulo de la demanda se dirija a la producción local, a través de legislación para una administración efectiva del comercio exterior. Se debe impulsar la creación de nuevos instrumentos de crédito para el capital de trabajo del sector productivo y comercial. Además, una nueva ley de compre nacional que conceda, en la práctica, preferencias a nuestra industria para asegurar que la demanda del Estado sea palanca del desarrollo económico.
- Poner fin al saqueo tarifario y defender a las empresas públicas nacionales.
Se impulsará una ley de declaración de emergencia y revisión tarifaria nacional de servicios públicos, fijando valores razonables, equitativos y justos para las tarifas, que se ajustarán con un techo dado por la variación de los salarios.
Las empresas con participación estatal mayoritaria deberán rendir cuenta de sus programas de inversión y producción ante el Congreso Nacional. El objetivo de los servicios públicos debe trascender la mera rentabilidad de corto plazo y contribuir al crecimiento, la inclusión social, el autoabastecimiento y la conectividad.
- Defensa del sistema de seguridad social y devolución de derechos a jubilados y pensionados.
Es necesario declarar la emergencia previsional con aumentos en la jubilación mínima, la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, y recuperar programas de inclusión social como el Plan Progresar. Las sentencias previsionales deben volver a pagarse sin descuento y se tiene que restablecer la intangibilidad de los activos del FGS. Una nueva legislación sobre PAMI que garantice la cobertura de medicamentos y tratamientos a los jubilados y pensionados, es impostergable para llevar tranquilidad a los hogares argentinos.
- Parar la bola de nieve del endeudamiento externo y la “bicicleta financiera”. Revisar la deuda contraída.
El Congreso debe sancionar normas regulatorias que impidan que la Argentina se convierta en el país donde se realiza la mayor actividad de “carry trade” (bicicleta financiera) a nivel global, y que permitan retomar políticas monetarias que alienten la inversión productiva.
Asimismo el Congreso de la Nación, en ejercicio de facultades constitucionales propias deberá revisar la deuda contraída por el Gobierno, con el objetivo de verificar si el endeudamiento fue utilizado para sostener operaciones especulativas y de fuga de capitales.
El Congreso debe evitar todo intento de ingresar al programa del FMI. Con los niveles descontrolados de crecimiento de la deuda será cada vez más difícil y más caro utilizar el acceso a los mercados internacionales de crédito. Al mismo tiempo el déficit fiscal se tornó insostenible y no se puede revertir con políticas “pro-mercado” que destruyen la actividad económica interna.
- Oxígeno a las economías regionales y a los pequeños y medianos productores agropecuarios.
Es necesario aplicar un subsidio de emergencia dirigido directamente a los pequeños y medianos productores agropecuarios, para evitar intermediarios y asegurar el arraigo rural. Debe facilitarse el acceso al crédito en condiciones ventajosas para los pequeños y medianos productores de las economías regionales. Es fundamental sancionar marcos regulatorios que permitan la intervención inteligente del Estado e implementar las leyes existentes para la agricultura familiar y solidaria, que aseguren el acceso al uso de las tierras suburbanas.
A su vez es necesaria legislación sobre consumo próximo, no sólo para que actúe como incentivo a las economías regionales que no encuentran mercados en el exterior debido a la crisis internacional, sino que además contribuya a un aprovechamiento racional de nuestros alimentos, mejorando calidad y precio.
- Justa y transparente distribución de los recursos a las Provincias, que asegure federalismo y autonomía.
Argentina necesita un nuevo acuerdo federal para distribuir recursos. Deben restituirse los recursos sustraídos a las provincias y someter a la decisión del Congreso Nacional la distribución territorial de los programas nacionales en todas las áreas.
- Algo más que corrupción: ARGENTINA S.A.
Es necesaria una ley de incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, asi como también otra que prohíba ejercer la función pública a todos aquellos que tengan cuentas o empresas en guaridas fiscales. Debe incluirse, la creación de una Comisión Bicameral que tenga el contralor de las incompatibilidades de todos los funcionarios. Se revisará el origen de los fondos del blanqueo que no hayan sido repatriados, como así también la inclusión por afuera de la ley de parientes, familiares y amigos.
- Mujer. Iguales y Vivas.
Se hace necesario reformar la legislación laboral, especialmente en igualdad salarial y la extensión de las licencias parentales, que lleven a una rápida y sostenida reducción de la brecha en la tasa de participación económica de hombres y mujeres en el mercado de trabajo y equipare los salarios.
La violencia contra la mujer ha crecido exponencialmente. Los femicidios se han multiplicado dolorosamente. La violencia física siempre es precedida por violencia simbólica y verbal. El Gobierno de Cambiemos ha desmantelado y/o desfinanciado todas las áreas vinculadas a las políticas de género. Resulta imprescindible no solo creación de organismos públicos no gubernamentales sino también legislación urgente en materia de violencia simbólica y verbal sobre la mujer, que sea complementaria a la Ley de Protección Integral de las Mujeres sancionada en el año 2009.
Creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y adecuación del sistema judicial y de seguridad argentino que hagan institucionalmente efectivas las políticas de igualdad de género, incorporando las estadísticas como elemento de diagnostico y eficacia.
- Derechos Humanos. Argentina sin presos políticos y sin genocidas libres.
La liberación de Milagro Sala, sus compañeras y compañeros, significa restaurar en la Argentina la vigencia irrestricta de las garantías constitucionales y los tratados en materia de Derechos Humanos incorporados en 1994 a nuestra Carta Magna.
Se deben sancionar herramientas legislativas que tomen como punto de partida las acciones, resoluciones e iniciativas adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas en sus visitas al país, con motivo de la privación ilegal de la libertad de la dirigente social jujeña, sus compañeras y compañeros.
Es necesario crear por ley una comisión bicameral de seguimiento de los juicios de lesa humanidad, con el objetivo de no retroceder en el juzgamiento y cumplimiento de las condenas en causas por dichos crímenes y avanzar en todas aquellas que aún están en proceso.
A su vez, debe sancionarse el digesto único en materia de Derechos Humanos para dar coherencia y consolidar la legislación en la materia.
- Seguridad.
La situación institucional e interna de las fuerzas de seguridad, especialmente las policiales, constituye un elemento más que agrava el cuadro de inseguridad. La elaboración de una nueva “Ley Orgánica de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad del Estado Nacional”, resulta imprescindible para actualizar el marco normativo del Sistema de Seguridad Pública. Además, se deberá elaborar una ley-convenio de coordinación de las Fuerzas de Seguridad Federales con las Provinciales, articulación imprescindible e impostergable para un efectivo combate contra el delito.
La sanción de una Ley de seguridad democrática, como complementaria o modificatoria de la ley de Seguridad Interior (24.059), se hace necesaria para profundizar y ampliar las disposiciones legales sobre seguridad pública y democracia de nuestro sistema normativo, garantizando la gobernabilidad política de la seguridad y su fortalecimiento institucional.
13. El Estado para equilibrar la balanza entre sociedad y mercado.
Lo que en realidad se necesita es tener un Estado inteligente y presente con instrumentos normativos que garanticen a la sociedad el acceso a derechos humanos, tales como la educación, la cultura, la salud y la ciencia. Para ello es necesario retomar una política de mejoras salariales paulatinas y de mejora presupuestaria en salud y educación pública, resguardando los intereses de los más necesitados.
En materia de ciencia y tecnología, más allá de retomar el sendero de mejora en la participación de las actividades científicas, tecnológicas y de educación superior en el presupuesto nacional, el Estado debe necesariamente cumplir un rol indelegable como promotor de grandes proyectos de desarrollo tecnológico a partir de sus definiciones estratégicas y su poder de compra, tales como el desarrollo satelital, la radarización, el desarrollo de la energía nuclear, la exploración y explotación de combustibles fósiles y la mejora de los servicios públicos en general y de los transportes en particular (transporte aéreo, ferrocarriles).
Además, sostener la actividad cultural no solo es una cuestión económica, por los puestos de trabajo calificado que genera, sino que además tributa a la construcción de soberanía de un país. Hollywood podría servirles de ejemplo a los que tanto miran al norte sólo para imitar estilos de vida.
- Apropiación privada y extranjerización de los recursos naturales.
Resulta indispensable una ley-convenio de orden público entre Nación y Provincias en materia de preservación de patrimonio de recursos naturales.
- Integración regional productiva para defender la soberanía
Es estratégico entonces, avanzar en un verdadero proyecto de integración a escala regional. Fortalecer los acuerdos con nuestros países vecinos y principales socios económicos es lo que se necesita en este momento, en el que los países desarrollados cierran sus mercados y vuelcan sus excedentes de producción al mundo a precios de regalo.
El Mercosur debe generar un amplio consenso a favor de un modelo productivo basado en la industrialización y la mejora de los salarios en todos los países de la región.
Sin estas coincidencias programáticas básicas, será imposible avanzar en un Mercosur que profundice una integración donde priorice “lo productivo” por sobre “lo comercial”. Para ello, se debe dejar de lado el “regionalismo abierto” y transformar al Mercosur en un único mercado con comercio administrado que asegure el mercado interno ampliado a los productores locales, para avanzar en la industrialización, la generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos.
El fortalecimiento de la región es, además, presupuesto básico en la defensa de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.
