Bajo la lupa de la justicia y la presión de los trabajadores del subte, que amenazan con medidas de fuerza, el Gobierno de la Ciudad se dispone a aumentar en un 67% la tarifa, lo que llevaría al boleto a $7,5. El Gobierno transfiere a Metrovías, en concepto de subsidios, más del doble de lo que le destinó hace 2 años pero sigue golpeando al bolsillo de la población. Según el Informe Técnico presentado por legisladores del FPV, el subte sube para los usuarios por sobre el índice de los precios al consumidor y colapsa el sistema de medios de transporte, lo que significa un transporte público más caro y de peor calidad.
Por Leonardo Anolles
A partir del miércoles 27 de julio, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, llevará el precio del subte a $7,50, aumentando en un 67% la tarifa vigente. Esto implica que el valor del boleto pasa a ser hasta un 25% más cara que el colectivo. Una medida que continúa golpeando el poder adquisitivo de los trabajadores y hace del subte el medio cada vez menos accesible. Al presentar el Informe Técnico sobre los aumentos en el subte, Mariano Recalde, el ex candidato a Jefe de Gobierno por el FPV, afirmó “este nuevo aumento del subte va a dejar afuera a 42 mil pasajeros por día”, casi un 7% menos de los pasajeros actuales, complicando aún más su economía.
Desde que la administración Pro tomó el control del servicio, realizó cuatro aumentos tarifarios. En enero de 2012 realizó la mayor suba que fue del 127% (de $ 1,10 a 2,50). En 2013, tras efectivizarse el traspaso de Nación a Ciudad, hubo un aumento del 40%, (de $2,50 a $ 3,50) y en marzo de 2014, aumentó un 29%. Acumulando un aumento total de 309%. A lo que debemos sumarle el 67% anunciado, alcanzando así un total de 378%. Pero todos estos aumentos no se vieron traducidos en una mejora efectiva del servicio.
El metrodelegado Claudio Dellecarbone dijo al respecto “el mayor gasto que tiene el Estado en el subte es la concesionaria ( Metrovías) a la que otorgó 1.600 millones de pesos de subsidios en 2015“ que, según dijo, “no se invierte, porque no se hacen los arreglos que se deben hacer”.
El gobierno del PRO esgrime que prioriza el transporte público con su política de bicicletas, el Plan del Microcentro y el Metrobus (carriles únicos). Pero la realidad es que el aumento del pasaje expulsará a los usuarios del subte. Estas medidas tarifarias y políticas de transporte desincentivan que la gente viaje en ese medio de transporte y trasladan al colectivo gran cantidad de usuarios (e ingresos).
JUSTICIA, AUDIENCIA Y AUMENTO
Una parte de la justicia parece haber tomado nota de las demandas de la sociedad. En una primera instancia retrasaron la llegada del aumento y ahora la jueza Ana Cabezas Cascato afirmó que “Corresponde habilitar la feria en la presente causa y en las causas conexas” y resolvió habilitar la feria judicial para tratar los amparos contra la aplicación efectiva del ajuste tarifario del subte, amparos presentados por el auditor Facundo Gaiso, el diputado porteño Patricio del Corro (PTS/FIT) y Alejandro Bodart (MST).
El aumento hubiera llegado antes si no era porque el pasado 10 de mayo la magistrada Elena Liberatori frenó la audiencia pública que debía tratar la suba, ya que la medida no respetaba “los plazos, transparencia publicidad y acceso a la información”. Así, la Magistrada hizo lugar al planteo del legislador porteño Gustavo Vera quien cuestionó la medida por los cargos antes mencionados.
De todas maneras la audiencia se llevó a cabo el 21 de junio como paso previo al incremento. Al no ser vinculante, el Gobierno de la Ciudad expuso las razones por las cuales elevó el precio del subte y el mismo Presidente de Subterraneos de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo, reconoció “hay gente a la que le va a costar pagar”. La respuesta parece ser parecida a la que brindó Aranguren, el que no pueda pagarlo que no lo tome.
Ante la inminencia del aumento el dirigente del FPV, Mariano Recalde, resaltó que desde el Gobierno de la Ciudad en las Audiencias públicas “los funcionarios ni siquiera han sido capaces de mostrar documentación coherente que justifique y de soporte al aumento” que pagarán los usuarios.
PARAR EL SUBTE, PARAR EL AUMENTO
No solo los amparos y la habilitación de la feria judicial ponen en duda el aumento. Tanto los Metrodelegados como el Frente de Izquierda (FIT) están a la espera de la definición judicial para tomar medidas al respecto. Ambos prometen medidas de lucha a partir del mismo miércoles si la justicia le da la derecha al aumento. De ser así el dirigente sindical Claudio Dellecarbone (metrodelegados) propone “una gran jornada de lucha para el próximo miércoles”
INFORME TÉCNICO NO FAVORABLE
Los legisladores del FPV Capital presentaron un Informe Técnico sobre la “tarifa de subte y transporte público” donde revelan varios aspectos a tener en cuenta en la evaluación del impacto del aumento.
La Evolución de Índice de Precios al Consumidor elaborado por la GCBA (IPCBA) encuentra siempre al pasaje de subte por encima del aumento de precios.
Al momento que el GCBA aumente el pasaje 67%, es de esperar que se genere una nueva caída masiva de pasajeros, tal como sucedió en años anteriores, lo que significa menos ingresos para el Estado y un aumento de los ingresos de las líneas de colectivos… también subsidiadas pero en manos del sector privado.
SUBE Y SUBE
Con respecto a la política de transporte público, los legisladores del FPV, señalan en el informe que la instrumentación de la tarjeta SUBE fue un salto tecnológico que constituye una plataforma operativa y establece un piso desde donde se puede desarrollar una propuesta integral entre tren subte y colectivo, y permite articular entre Nación y Ciudad, y la provincia de Buenos Aires, todas hoy en manos del Pro. Pero esta situación objetiva, que facilitaría la aplicación, debe estar ligada a una política coherente y coordinada tanto tarifaria como de desarrollo y trazado de los medios de transportes.
“Las medidas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad, vuelve a diferenciar la tarifa del subte a la del resto de los medios de transporte, nos alejan cada vez más de ese horizonte”, reafirmó Recalde.
La política tarifaria de las diferentes gestiones Pro fueron siempre el aumento tanto del valor del pasaje como de los subsidios a los empresarios. Pero ello no se vio reflejado en una mejora en la calidad de vida de los usuarios de los transportes públicos. Así, la propuesta parece ser la siguiente: falta de planificación, ajuste y ausencia de estudios de impacto en el comportamiento de los usuarios, quienes deberían ser los beneficiados del cambio (que hasta el momento solo lo financian).
Los trabajadores y la población en general recurren, mediante los amparos, ante la justicia, con el objetivo de frenar una política pública, repetida en las tres gestiones Pro que golpea el bolsillo y la calidad de vida. En un contexto donde no parece haber demasiado margen para los aumentos, de no ser escuchados por la justicia, la medida de fuerza gremial y el reclamo social será la próxima estación.