(Por Omar Rodríguez) A 40 años del apagón de Ledesma, Jujuy es hoy un Estado autoritario donde las garantías constitucionales están en duda. El manejo feudal y corporativo de la justicia y la utilización de las fuerzas policiales para reprimir la protesta social, dejaron en evidencia cuáles son los poderes que mandan en la provincia del Noroeste argentino. El radical, Gerardo Morales, quien accedió a la gobernación por una alianza entre la UCR el PRO y el Frente Renovador, encarceló a Milagro Sala el 16 de enero pasado, convirtiéndola en la primera presa política y lanzando una amenaza para los luchadores sociales. Todo lo expuesto queda confirmado tras la brutal represión contra los trabajadores del tristemente célebre Ingenio Ledesma, el mismo día que Raúl Noro, esposo de Milagro Sala, también fuera encarcelado.

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El pasado jueves 14 de julio, a días de cumplirse los 40 años del “Apagón”, los trabajadores del Ingenio Ledesma SAAI fueron reprimidos por parte de la Policía de la Provincia y la Infantería. Los azucareros habían iniciado un paro general a partir de las 5 AM, luego de la asamblea extraordinaria llevada a cabo por los trabajadores del gremio SOEAIL. El Gobierno de Gerardo Morales respondió con una balacera de goma.

El mismo día, fue encarcelado Raúl Noro, esposo de Milagro Sala, la primera presa política del macrismo, ambos pertenecientes a la perseguida agrupación Tupac Amaru. Esa tarde también debieron presentarse en la Justicia jujeña, y quedaron detenidas, Mirta Guerrero (alias “Shakira”), Gladys Díaz y Mirta Aizama, siendo en total 11 los militantes detenidos ilegalmente. “El contador Morales ha producido un jueves negro en Jujuy y ha hecho una persecución simultánea a los compañeros del Ingenio Ledesma”, señaló Alejandro ‘Coco’ Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac. Remarcó también su preocupación ante el funcionar de la justicia jujeña.

Las libertades no parecen estar garantizadas en la provincia salvo para los empresarios y políticos afines, como expreso la abogada de Milagro, Elizabeth Gómez Alcorta “en Jujuy los jueces y fiscales ya no cumplen ese rol, ya no son mas nuestros garantes” y remarcó la violación a los derechos que estos ejercen sobre la líder Tupamaru prohibiéndole que hable con los medios de comunicación, privándola de la libertad de expresión.

Si lo veo no lo muestro

Los medios nacionales parecen no haber registrado los hechos. El diario La Nación no publicó nada al respecto de la represión en el Ingenio Ledesma, como tampoco lo hizo en aquel trágico apagón durante la dictadura militar que tuvo al Ingenio como protagonista de una de las operaciones más terribles de la dictadura, evidencia de la participación y colaboración civil. El diario parece tener memoria y moral intermitente y olvida viejas denuncias.

El mismo diario, el 6 de enero de 2014, en un artículo  titulado “Jujuy: un feudo violento”, denuncia que la provincia, entonces gobernada por el Eduardo Fellner (FPV), era manejada de manera feudal y señalaba a la violencia como medio para mantener el orden. Fellner ese año había perdido la primera elección del peronismo desde del regreso de la democracia y, finalmente, en el 2015 terminó perdiendo la gobernación en manos de Gerardo Morales, quien encabezó una alianza opositora entre la UCR, el Pro y el Frente Renovador y con el respaldo de la familia Ledesma.

El Milagro de Morales

Tras su asunción, Gerardo Morales, inicia el proceso de suspensión temporaria de la personería jurídica de las 16 organizaciones que realizaban el acampe frente a la casa de Gobierno bajo el argumento de que las mismas “cambiaron su objeto social”. Esto inhibió la posibilidad a las cooperativas de participar de los programas de viviendas, beneficios sociales y les cerró sus cuentas bancarias. En este marco se produce la detención arbitraria de Milagro Sala bajo la figura de “instigación a cometer delitos” y “tumulto en concurso real”. Se le intentó imputar, desde el poder judicial que ahora  responde a la UCR,  la caratula de “asociación ilícita”, que implica 10 años de cárcel para los jefes.

Una parte de la oposición viajó a respaldar  y exigir la liberación de la líder Tupamaru, entre los que se encontraba el Diputado de la Ciudad de Buenos Aires Patricio del Corro (PTS-FIT) quien reflejó  en su momento que “la detención de Milagro Sala se trata de una extorsión política y judicial cuyo objetivo es amedrentar a todo aquel que quiera salir a pelear en la provincia y el país. Así como a nivel nacional el macrismo mostró en La Plata y Cresta Roja que piensa reprimir cualquier movilización, en Jujuy Morales amedrenta con la prisión de Sala”. En la misma línea el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso agregó que “estamos ante una demonización de Milagro Sala y de la Tupac Amaru y ambos son víctimas de una persecución política”.

Contexto Judicial  Moralista

Sostener esta política represiva que limita las libertades individuales y el derecho a la protesta no hubiera sido posible sin que Morales lleve a cabo cambios estratégicos en los diferentes poderes de la provincia como modificar el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, aumentar el número de jueces de cinco a nueve, designar dos diputados radicales (quienes habían votado la ampliación) y a un tercero que también fue legislador de la UCR; en la Legislatura creó un sistema acusatorio para las investigaciones penales y , finalmente, designó a una de las hermanas del vicegobernador Carlos Haquim, al frente de la Secretaría de Derechos Humanos.

Así, las promesas republicanas de independencia de poderes y participación democrática dentro de los miembros de la corte, se esfumaron en menos de un mes, emergiendo el carácter feudal y autoritario del Gobierno de Morales.

De genocidas y civiles

El nombramiento de Guillermo Siri como Secretario de Seguridad de la provincia fue una advertencia con olor a amenaza y un adelanto de la línea que seguiría el nuevo Gobierno. Siri, quien supervisó y coordinó la detención de Milagro Sala, fue denunciado por organismos de Derechos Humanos como parte de los llamados “Consejos de Guerra Especial Estable para la Subzona 33” en Mendoza durante la última dictadura militar. El actual Secretario de Seguridad participaba del juicio  y aplicación de penas a lo que ellos consideraban conductas subversivas. Su inclusión en la secretaría es un claro mensaje para las organizaciones sociales, los trabajadores y una tranquilidad para los Blaquier, quienes podrían requerir de sus servicios.

En sintonía con la nueva época, donde Jujuy ya no parece ser un feudo para el diario La Nación pero sí para los jujeños, el empresario azucarero Carlos Pedro Blaquier obtuvo un fallo a su favor por “falta de mérito” en la causa que señalaba su participación durante el terrorismo de Estado. Nadie con conocimiento de causa duda que Blaquier ha sido un instigador de la dictadura y sobre todo de su responsabilidad en el “Apagón de Ledesma”.

El Ingenio Ledesma y Carlos Blaquier fueron parte de la pata civil de la dictadura. La noche del 27 de julio de 1976, el departamento de Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy, sufrió un apagón generalizado mientras policías, gendarmes y militares, en conjunto con  capataces de la empresa Ledesma, irrumpieron en las viviendas de Libertador General San Martín y Calilegua trasladando en vehículos de la empresa a más de 400 trabajadores y pobladores a galpones propiedad del ingenio donde fueron torturados e interrogados. Algunos de los secuestrados fueron liberados y otros enviados a comisarias y aún 30 permanecen desaparecidos. El médico Luis Arédez, Intendente de Ledesma, es uno de ellos.

Luego de 40 años Blaquier sigue teniendo la misma gravitación en la provincia. El empresario azucarero fue uno de los impulsores de la candidatura de Morales y hasta prestó su helipuerto en Ledesma para que Sergio Massa, quien también acompaño a Morales en la alianza, haga su llegada con miras a la campaña electoral en la provincia.

Ledesma, represión y después

Hoy por hoy las condiciones de trabajo en el Ingenio preocupa a los trabajadores y el agravante de las políticas económicas revela un atraso importante del salario. Luego de varias reuniones con personeros de la empresa, los trabajadores consideraron que no había otra posibilidad que un paro ya que los reclamos por aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales no encontraron respuesta por parte del ingenio.

Los trabajadores decidieron acompañar el paro con una manifestación y el Gobierno de Gerardo Morales, en línea con los intereses de la empresa, respondió con más de doscientos efectivos que llegaron a Libertador desde San Salvador de Jujuy. Los efectivos no sólo fueron a custodiar a la empresa sino que iniciaron una brutal represión: 80 manifestantes heridos producto de los gases lacrimógenos y balas de goma.

El Diputado del FUyO, Juan Manuel Esquivel, denunció en una conferencia de prensa en la Capital Nacional que “cerca de sesenta trabajadores del ingenio estuvieron dos horas detenidos, casi secuestrados por las fuerzas policiales de la provincia”. Y agregó: “La Policía de Gerardo Morales y del ministro de Seguridad Ekel Meyer estuvo ayer al servicio de Blaquier, como estuvo al servicio de Blaquier en el 76 la fuerza represiva”.

Ante los incidentes, un gremialista azucarero expresó “Esta es la policía represora de Gerardo Morales, el que ha creado un Estado parapolicial para perseguir a los opositores y a la gente común. No por algo está yendo contra todos los funcionarios del Gobierno anterior. Pero lo peor es que lo hacen en horas de la noche con allanamientos abusivos y fuera de las normas estatuidas por la Justicia. Además, es la empresa Ledesma SAAI la que lo puso en el sillón de gobernador, porque de otra manera no llegaba nunca. Vamos a seguir reclamando por nuestros derechos, a pesar de la represión, porque esto nos fortalece”.

 

Ante las arbitrariedades, las ilegalidades y los abusos que cometen el Gobierno y el Poder Judicial en Jujuy, escuchamos un gran silencio de gran parte de la dirigencia argentina. Es cierto que algunos diputados y senadores pusieron la voz y el cuerpo y, a nivel nacional e internacional, surgieron reclamos por Milagro, los detenidos y la situación que vive la provincia. Sin embargo, la gran mayoría de la población no percibe la gravedad del caso ni esboza pedir al menos que se esclarezca esta situación, situación que de continuar no solo amedrenta a las organizaciones sociales sino que pone en libertad condicional a toda la sociedad argentina.

Repudio

Pese al gran silencio político, mediático y civil, los organismos de Derechos Humanos repudiaron no sólo la represión sino el estado actual de las libertadas y la justicia en Jujuy. Al día siguiente de los hechos, el Comité por la liberación de Milagro Sala, se pronunció contra la prosecución a los militantes y la represión. Finalmente reclamó por el silencio del Gobierno Nacional, aliado de Morales.

El diputado nacional, Andrés “Cuervo” Larroque, resaltó que “en Jujuy hay un Estado policial, y esto es amparado por el presidente Mauricio Macri en lo que yo califico como un Gobierno nacional retroliberal, no más neoliberal, retroliberal, porque las ideas son del más absoluto liberalismo retrógrado que se vale de la persecución política, del apriete”

El bloque de diputados del FUyO difundió un comunicado donde “repudia enérgicamente la represión sufrida por los trabajadores del Sindicato Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma cuando llevaban a cabo una medida de fuerza anunciada ante la patronal”. Y agrega que “Los trabajadores fueron sorprendidos por la policía que reprimió con gases y balas de goma”.

Sabor amargo

En Jujuy parece haberse reestablecido el orden anterior al pre kirchnerismo, donde no hay lugar para  garantizar las políticas de derechos humanos. La historia pone nuevamente a los Blaquier, hoy ya sobreseídos por los delitos de lesa humanidad,  junto a Gerardo Morales en una nueva ofensiva con un claro objetivo: la persecución de las organizaciones gremiales y sociales y la criminalización de la protesta.

En la tierra del Cambio las libertades son un privilegio. Quedó claro con la detención de Milagro Sala y se reafirmó con la de su marido y los otros 9 militantes. Los últimos hechos dejan al descubierto que la dulzura del azúcar es solo para los Blaquier. Para los trabajadores, luchadores sociales y desocupados sólo amargura, goma y cárcel.

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