En tiempos donde las corporaciones avanzan sobre los trabajadores la unidad de acción sindical es fundamental para la defensa de salarios y derechos. Las federaciones de sindicatos judiciales con representación en todo el país están ejerciendo una fuerte resistencia a la aplicación del impuesto a las ganancias en el poder judicial. Aquellos gremios no alineados con el Gobierno ni con las corporaciones, quieren ser parte de la discusión, pero la Corte Suprema de justicia elige solo los amigos para hacerlo.
Por Leonardo Anolles
La discusión sobre el pago de ganancias por los trabajadores parece ser parte de la pesada herencia. En los años anteriores, donde las paritarias empataban o le ganaban a la inflación y la creación de nuevos puesto de trabajo, era una política de estado la discusión por ganancias, parte de la lucha por la redistribución de la renta, lucha que hoy en día fue pulverizada. El Gobierno, las corporaciones y los grupos económicos ganaron terreno, devaluaron el salario y afectaron negativamente el poder adquisitivo en pocos meses. En este contexto la aplicación del impuesto a las ganancias a los Judiciales, un sector de los trabajadores que estaba exento de tributar, es un agravante para la situación salarial.
La Corte Suprema convocó a los sindicatos amigos que apoyan al Gobierno o se refugiaron en la corporación judicial para discutir el impuesto a las ganancias, dejando afuera tanto a La Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FE SITRAJU) (CGT) y la Federación Judicial Argentina (FJA) (CTA) quienes hicieron una acción conjunta con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia exigiendo que se los incluya en la discusión.
Consultada por Vamos A Volver, Vanesa Siley, Secretaria General de SITRAJU Capital, declaró “Se generó un hecho inédito, la unidad de acción de dos federaciones judiciales encuadradas en distintas centrales (CGT-CTA) y con representación en todo el país; y a su vez, se puso en blanco sobre negro que la voz de los trabajadores no quiere ser escuchada, sino no se explica la actitud de Lorenzetti”. Mientras el titular y los restantes integrantes de la Corte Suprema de Justicia, eligieron solo a Piumato y su gremio (UEJEN) para negociar el miércoles pasado.
UNA VIEJA PELEA CON OLOR A NUEVO
Hace más de un año, Piumato cruzaba al ex ministro de economía Axel Kicillof y le reclamaba “que lea bien el discurso de Perón” al tiempo que afirmaba que el ex ministro utilizaba medias verdades para justificar las medidas “son las falacias de usar medias verdades, cuando Perón lo puso en el 54 (al impuesto a las Ganancias) era para los altos ingresos”, aclaró el dirigente de UEJEN. Lo cierto es que Piumato cambió sus objetivos y hoy en día no cree tan importante que los Jueces paguen ganancias, y desvía la discusión hacia otro lado “Más que si se tiene que pagar o no Ganancias, a mí me interesa si vamos a combatir a los jueces corruptos o seguimos como estamos”. Piumato representa una minoría dentro del amplio sector judicial, y no es ”justo” que sea el único interlocutor con la Corte Suprema de Justicia. Ante esta nueva discusión Siley agregó “Estamos en contra de la quita del impuesto a las Ganancias. En la situación política y económica actual es imposible avanzar en un debate sobre el tema dado que el contexto de ajuste sobre los trabajadores cierra cualquier debate sobre el impuesto. No solo judiciales, sino cualquier trabajador”.
LAS FEDERACIONES
Las Federaciones que representan a trabajadores judiciales de las 23 provincias de la República Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciaron no haber sido convocados en un claro acto discriminatorio y sólo fue citado el sindicato que menor representatividad tiene en el país en comparación con el ámbito de representación de las federaciones. Pero sobre todo, fue citado el sindicato más proclive a la Corte y a la Corporación Judicial que se refugió en ellos para sostener un poder de representación que decrece día a día.
LOS JUDICIALES DE LA CGT
Desde FE-SITRAJU, la Federación que responde a la CGT, en un encuentro realizado en Chaco hace un mes aproximadamente, se propuso crear un programa Federal para los trabajadores judiciales que prevea una ley de enganche para los judiciales de todo el país, equiparación salarial con el Juez de Cámara y un Convenio Colectivo de Trabajo para los judiciales de todo el país. En momentos donde el Sindicalismo se encuentra a la defensiva, la unidad de acción propone no solamente resistir el embate de las corporaciones sino avanzar sobre nuevas conquistas, y ello solo puede hacer a partir de la unidad de los trabajadores.
Los judiciales necesitan no solo no pagar ganancias, como todos los trabajadores, sino también tener un Convenio Colectivo de Trabajo ya que hoy, excepto el caso de los judiciales de la Ciudad de Buenos Aires que sancionaron su primer convenio el año pasado, no existe en ninguna jurisdicción del país un convenio colectivo para los trabajadores judiciales. Lo que implica que los trabajadores no cuentan con ninguna instancia para discutir sus condiciones laborales como salarios; licencias; estabilidad laboral y jubilación.
Los salarios de los trabajadores judiciales federales y nacionales cuya patronal es la Corte Suprema de Justicia, no se discuten, es Lorenzetti quien lo dispone de manera automática; no tienen instancia para mejorar sus licencias y sufren una gran situación de precariedad e inestabilidad (contratados e interinos que nunca pasan a planta permanente).
Por ello es preciso que todas las jurisdicciones del país puedan contar con esta herramienta fundamental, como lo es el Convenio Colectivo de Trabajo, para poder discutir sus condiciones con la patronal.
FINAL ABIERTO
En este contexto, al señalar que el salario de los trabajadores no puede considerarse ganancia en el marco de la tributación del referido impuesto. Las Federaciones continúan una lucha que UEJEN y Piumato parecen haber abandonado. La unidad de acción sindical más allá de los encuadramientos gremiales, es para los judiciales un hecho inédito donde federaciones de la CGT y CTA plantean un claro objetivo en común: garantizar la voz de los trabajadores judiciales de todo el país y defender su salario y sus derechos.
