Los trabajadores municipales de La Plata, los de Cresta Roja, los Bancarios son algunos de los ejemplos más notorios de la idea que tiene el gobierno de Mauricio Macri sobre cómo resolver las protestas sociales: con represión. El nuevo gobierno, a través de su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha expresado que privilegiará al derecho a la libertad de tránsito por sobre el derecho a la protesta social. La Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional prepara un encuentro para el lunes 9 de mayo.
Por Vanina Pasik
A los 12 días de haber asumido el Gobierno Nacional, la Gendarmería desalojó con balas de goma, camiones hidrantes, gases y palazos a los trabajdores de Cresta Roja que habían cortado la autopista camino al aeropuerto internacional de Ezeiza. El problema de fondo era que 5.000 familias no tenían un peso para pasar las Fiestas de fin de año, y la Justicia se había limitado a declarar la quiebra de la compañía. Recién después del desalojo violento fueron recibidos por el ministro de Trabajo Jorge Triacca.
Los trabajadores de Cresta Roja reclamaban la regularización de los pagos por parte de la empresa, y mantuvieron por una semana el corte en la autopista Riccheri. El fallo de la jueza Valeria Pérez Casado instó al gobierno del presidente Mauricio Macri a urgir pagos comprometidos por el anterior, que se demoraban. E instó al síndico y a las autoridades a tratar de mantener abierta la empresa y buscar reactivarla.
Después de la reacción represiva sobre la protesta, Triaca se reunió con los “compañeros” de Cresta Roja y prometió pagos del programa Repro. El ministerio de Desarrollo Social añadió canastas navideñas para los laburantes y sus familias. Triaca omitió mencionar que lo que hacía era continuidad de instrumentos y criterios construidos durante el ministerio de Carlos Tomada.
Luego fue el turno de los Trabajadores municipales de La Plata, el viernes 8 de enero. La Policía Bonaerense disparó gases lacrimógenos y balas de goma contra un grupo de empleados que se manifestaba frente a la sede comunal para rechazar la “revisión” de 4500 contratos de trabajo. El intendente macrista Julio Garro justificó la represión: “Los platenses pidieron un cambio, están cansados de los aprietes de la vieja política“. La policía cargó contra alrededor de 200 personas y hay doce heridos, entre ellos una mujer que fue internada por haber recibido 15 tiros de bala de goma.
Habían sido 4500 los trabajadores cesanteados. Hubo dependencias públicas que prácticamente cerraron. “Lo único que queremos es trabajar. El trabajador del Estado trabaja para la sociedad“, expresó Marcela, una de las despedidas en radio Del Plata. Ana María, la mujer cuya espalda baleada impactó en todos los medios, habló: “Estoy toda lastimada por las balas… yo no estoy robando, no salgo a delinquir… yo trabajo para darle de comer a mis hijos, y este hijo de puta del intendente lo único que hace es jugar con el plato de comida de todos nuestros hijos”.
En la capital bonaerense intentaron ponerse como vanguardia represiva y presentaron una ordenanza municipal para limitar las protestas. Como reacción a esta iniciativa hubo mayores niveles de organización: todas las semanas una coordinadora de organizaciones sociales y de derechos humanos se manifiestan en contra de este tipo de medidas: “Protestar no es delito”, exclaman.
Protocolos
La lista podría extenderse con el aumento de las detenciones arbitrarias, con miles de situaciones que enrarecen el clima cuando se envían señales mediáticas al brazo armado de la sociedad de que pueden actuar según su “olfato”, sin atender a las garantías constitucionales. Así, perdió vigencia la última reglamentación que existía para el accionar de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones sociales eran unos “Criterios mínimos” impulsados por la gestión de Nilda Garré. Establecía que debía existir una interlocución política con los manifestantes, que se debía garantizar la libertad del trabajo para los comunicadores, y que debía elaborarse un registro de elementos armamentísticos y comunicaciones antes y después del operativo. En síntesis, se buscaba el control político de la situación.
El Protocolo que difundió Bullrich tiene el espíritu contrario: limitar el derecho a la protesta, por la fuerza. Los límites no se dirigen al accionar de las fuerzas, que quedan libradas a sus propios criterios, cuya raigambre no suele ser democrática. Así, el protocolo aún no aplicado por la Bullrich establece que se debe pedir un permiso antes de manifestarse, que se debe dejar libre al menos un carril para el tránsito, y que las miles de personas deberán trasladarse en 5 minutos desde que algún agente les de la orden de correrse. Legaliza la represión como método principal para responder a los reclamos sociales.
Además, otro punto se refiere al accionar de los periodistas. Desconociendo que el material producido por reporteros gráficos y camarógrafos de televisión ha sido prueba fundamental en la investigación judicial de muertes como las del Parque Indoamericano, las de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y la de Mariana Ferreyra, el nuevo protocolo establece que la labor periodística debe realizarse dentro de un corralito, del lado de las fuerzas.
En defensa del Derecho a la Protesta
Con este telón de fondo, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional comenzó a organizar su cuarto encuentro. Otros años habían sido eje la Seguridad Democrática, o la estigmatización de la pobreza, pero este año se decidió que la defensa de la protesta, que crecerá si la decisión del gobierno del PRO es profundizar su política de ajuste para los que menos tienen.
Los protagonistas de la Campaña Nacional son los familiares y las víctimas de la violencia institucional. Como todos ellos en alguna ocasión han debido manifestarse, organizar una marcha a alguna comisaría o a algún Tribunal, hubo un acuerdo automático en que la defensa de este derecho debía ser prioritaria en la cuarta edición del Encuentro Nacional. Si bien en el Salón Delia Parodi, desde las 15 hs del lunes 9 de mayo habrá un taller donde los familiares podrán debatir sobre cómo “Transformar el dolor en lucha y organización”, con una apertura a cargo de Hebe de Bonafinni, se pensó que en el cierre del evento era indispensable reunir a todos los sectores políticos para comenzar a transitar un gran acuerdo nacional que reivindique a la protesta como derecho básico para dar voz a los que no tienen voz.
Cada derecho se conquistó en la calle
Otra parte del encuentro se desarrollará en dos carpas montadas en la Plaza de los Dos Congresos. Una se colmará de represenetación sindical. Estarán presentes las trabajdores Municipales de La Plata, los de Cresta Roja, y los “manteros” –que también serán parte de la Feria de trabajadores de la Economía Popular–, y también los colectivos de afrodescendientes, que atraviesan un clima donde el racismo se ha recrudecido. Asistirán a la cita importantes dirigentes como Vìctor de Gennaro, Omar Plaini y Stella Calloni. En un contexto en que las pocas negociaciones paritarias que se cerraron lo hicieron a la baja es de esperar que las protestas sociales aumenten, y es fundamental afirmar que están en todo su derecho. Se expresará que la respuesta del Estado ante las manifestaciones debe atender a los reclamos que las motivan, y no pretender desalojar las calles como si éste fuera un derecho fundamental.
También los entienden así las organizaciones sociales, crecidas al calor de los piquetes y las cacerolas en los 90, desde Cutral-Co hasta Tartagal: las rutas se cortaban porque no quedaba otra forma de mostrar el hambre que se estaba pasando. Las organizaciones sociales fueron cambiando sus formas de organizaciones, pero aún contando con los planes sociales conquistados en los últimos 12 años los cortes de calle siempre fueron y seguirán siendo la forma de expresar las necesidades populares. En la segunda carpa habrá representantes de muchas de estas organizaciones, de todo el arco político: Quebracho, Barrios de Pie, Seamos Libres y el Padre Paco de la Isla Maciel, por ejemplo. También se sentará en este el panel Pepe Mateos, fotógrafo que aportó la prueba judicial para que se condenara a los responsables materiales de la masacre del Puente Pueyredón, cuando fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Gracias a su trabajo como reportero gráfico hubo un registro importante del momento de la muerte y el abandono de los cuerpos de los jóvenes
Todos los bloques
Facundo Moyano es diputado por el Frente Renovador, pero ante todo representa al movimiento obrero organizado. Estará presente en el panel de cierre, junto con Oscar Romero, que como dirigente de SMATA y miembro del bloque Justicialista también deberá representar a sus afiliados a la negociar las condiciones laborales en un contexto de contracción de la industria nacional. En el Salón de los Pasos Perdidos, a las 18, también tomarán la palabra las diputadas Myriam Bregman (PTS) y Victoria Donde (Progresistas), junto con el anfitrión Leonardo Grosso (FPV-Movimiento Evita), Horacio Verbitsky y Sandra Rodríguez, compañera del maestro Carlos Fuentealba, que leerá el documento de cierre de la jornada.
El lunes 9 de mayo se realizará el cuarto encuentro por el Día Nacional de la lucha contra la Violencia Institucional, consagrado ley el 8 de mayo en conmemoración de la Masacre de Budge. Ese día tres muchachos estaban tomando una cerveza en una esquina: Agustín Olivera, tenía 26 años, Oscar Aredes, de 19, y Roberto Argañaraz, de 24. El suboficial de la Bonaerense Juan Ramón Balmaceda fue el artífice del fusilamiento de los tres amigos. Por el crimen fueron condenados a 11 años de prisión Balmaceda, el cabo primero Juan Alberto Miño y el cabo Isidro Rito Romero. La fecha fue elegida no por el trágico hecho: sino porque el barrio entero se levantó a pedir justicia por los muchachos, y así se lograron las condenas.
El eje del encuentro de 2015 puso en acento en la criminalización de la pobreza, con la consigna “Mi cara, mi ropa y mi barrio NO son delito”. Con el cambio del escenario político el eje será la reivindicación de la protesta, como el mecanismo fundamental que tienen “los de abajo” para salir a luz pública y poder manifestar sus necesidades.
El grito sigue en la calle, en las plazas, en las escuelas y las universidades. Porque cada derecho se conquista en la calle. Siendo millones.
