(Por Carlos A. Villalba) A través de una “Carta Abierta al Presidente Macri”, diecinueve organizaciones de derechos humanos del Noroeste argentino advierten que el jefe del Ejecutivo nacional pretende “volver a instalar, en la sociedad, la Teoría de los Dos Demonios, afirmando que la lucha por Memoria, Verdad y Justicia que las organizaciones de derechos humanos y la sociedad viene llevando adelante ´genera divisiones entre los argentinos`. Los únicos que nos dividieron y destruyeron Ing. Macri, fueron los genocidas y sus cómplices civiles, quienes a los fines de reprimir a la sociedad, instalaron la existencia, en el país, de una pretendida guerra, que fue una creación de los comandantes y los servicios de inteligencia, para justificar la llana persecución, el asesinato, el secuestro y la desaparición de miles de argentinos” agrega la denuncia, que afirma que ese enfoque viene siendo corroborado por la Justicia.

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El 24 de marzo pasado, al cumplirse 40 años del golpe que instaló a la última dictadura cívico militar en la Casa Rosada, centenares de miles de argentinos se volcaron a las calles de pueblos y ciudades de todo el país, además de llenar la Plaza de Mayo y sus avenidas y calles cercanas, con una de las movilizaciones más numerosas de la historia de los derechos humanos en el país.

Ese mismo día, el presidente Mauricio Macri usó su twitter para referirse a la fecha. Acompañó los textos con un video con un mensaje similar al que pronunció horas antes en su discurso junto al del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. A través de una carta en la que sostienen que “No hubo guerra ni dos demonios”, salieron al cruce de la manera de expresarse de Macri.

Los representantes de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, consideraron que las palabras presidenciales “demuestran la pretensión del gobierno de reconfigurar la postura que el Estado viene desarrollando sobre el tema a partir del año 2003”. En ese sentido, señalaron que “a diferencia de lo que se ha venido probando en los últimos años en los estrados judiciales, su mensaje usa el concepto ´violencia institucional` para referirse a la institución militar y ´violencia política”. Se preguntaron si esos conceptos se refieren “¿a los dirigentes sindicales?, ¿a los miles de trabajadores de las fábricas, del surco, a los maestros? ¿A los cientos de estudiantes secundarios y universitarios? ¿A las decenas de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres y entregados quién sabe a quién?”, sentenciado que, en realidad, todos ellos fueron “secuestrados, torturados y asesinados en los Centros Clandestinos de Detención y arrojados a fosas comunes”.

Para los firmantes de la misiva, las expresiones presidenciales se inscriben “en una estrategia que incluye a todas las áreas vinculadas a los derechos humanos”, tendiente a “limpiar” las caracterizaciones que se han consolidado con las organizaciones que trabajan en el tema desde el mismo año 1976 y que lograron consolidar la instalación de la responsabilidad del terrorismo de Estado desde el 25 de mayo de 2003. Como ejemplo de esa nueva orientación señalan que desde el Estado nacional se impulsa la eliminación del concepto de “dictadura cívico militar”, para circunscribirla a la caracterización elusiva de “militar”; del mismo modo, a los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, se les ha ordenado que en sus intervenciones aludan a los “homicidios”, evitando definiciones como las de “crímenes, genocidio o lesa humanidad”.

La nota también aporta, para “conocimiento” del mandatario, datos sobre las “más de 2500 personas denunciadas por diferentes delitos vinculados con los crímenes de lesa humanidad; cerca de 1000 procesados; más de 600 condenados, todos por crímenes de lesa humanidad; 184 causas en etapa de instrucción, 154 con sentencia y 45 elevadas a juicio” y acercan el dato de que el 5 de mayo comienza en Tucumán el juicio por la Causa Operativo Independencia, que tiene 270 víctimas y 15 imputados,  en el que se juzgará las acciones represivas desarrollas por las fuerzas militares y de seguridad, afirmando que “un año antes del golpe cívico militar, se puso en práctica el terrorismo de Estado”.

En su rechazo de la teoría de los dos demonios, el mensaje pide al ingeniero Macri que se entere de que “lo que sucedió en Argentina no fue violencia institucional, no hubo una guerra, señor Presidente, hubo Terrorismo de Estado implementado por las Fuerzas Armadas de este país, en cumplimiento de un plan político y económico pensado, sostenido y aprovechado por empresas privadas argentinas y extranjeras, tal como lo prueban las diversas causas judiciales y entre ellas, la que hace unos días condenó al empresario (Marcos) Levin, propietario de la Empresa La Veloz del Norte, a 12 años por delitos de lesa humanidad”, por haber participado del secuestro y tormentos del trabajador del autotransporte de pasajeros,  Víctor Cobos.

Aluden al fallo del primer juicio realizado en el país, realizado en la provincia de Salta, que entiende que hubo intervención y responsabilidad empresaria para “deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios”, en el contexto del terrorismo de Estado,

En ese sentido, los organismos de derechos humanos consideran que “equiparar la responsabilidad del Estado terrorista con el de algunas organizaciones políticas, intenta pasar por alto que el Estado montó un aparato paralelo y clandestino de represión, cuyo núcleo de operación fueron los Centros Clandestinos de Detención y su modus operandi la figura de la ´desaparición forzada de personas`. Evidentemente –afirman– Ud. desconoce que el proceso de justicia que se desarrolla en Argentina es único en el mundo y ejemplo internacional por ser capaces de juzgar con sus propios tribunales los crímenes de lesa humanidad”. Sostienen que Macri tampoco conoce que, “a partir de los esfuerzos que hemos montado se reconoció a nivel internacional la figura de la desaparición forzada de personas como un crimen de derecho internacional. Con sus mensajes le falta el respeto al pueblo argentino”.

Por otro lado expresaron su reparo ante la “poca información” dada por el Gobierno sobre los acuerdos firmados con Estados Unidos, especialmente, los relacionados a la formación que recibirían fuerzas militares y de seguridad. Recordaron que, a mediados de los 60 y 70, los gobiernos de entonces firmaron pactos con Estados Unidos, amparados en la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, que se concretó en la formación que recibieron cientos de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas, “que luego formaron parte de los golpes de Estado y del plan represivo de la dictadura cívico militar”.