Hasta las 24 horas del 9 de diciembre de 2015 la Argentina acompañó el proceso regional de integración económica, política y social y de independencia de sus relaciones internacionales. Desde el momento mismo de su asunción, Mauricio Macri dio vuelta la página, se alineó con el gobierno de los Estados Unidos y se puso a disposición para realizar las tareas que correspondan como aspirante a modelo y nuevo gendarme económico del Cono Sur de América.

Por Carlos A. Villalba

Del mismo modo que, en un abrir y cerrar de decretos, dio vuelta el país desde la defensa del trabajo hacia los despidos y la desocupación, de la protección del salario a la inflación y los recortes, del desendeudamiento al endeudamiento multimillonario e internacional en dólares, el presidente de las corporaciones abandonó el rumbo autónomo y lo ató a los designios de Washington.

Dulce de leche

Entre las múltiples razones que definieron el viaje del primer afrocubano que ocupa el sillón principal de la Casa Blanca a Buenos Aires, figura el interés en construir un nuevo liderazgo sudamericano, que opere contra la construcción subregional plasmada en organismos como el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, actores de mucho más peso y autonomía que la Organización de Estados Americanos (OEA), dependiente de los aportes de Estados Unidos y Canadá, a lo largo de los últimos años.

Obama bailó tango y tomó mate, aunque fuese para la foto, se olvidaron de convidarle dulce de leche, delicia argentina que también hubiese degustado; exageró en sus alabanzas a Macri y sus 100 días y en sus abrazos a la industrial textil que funge como primera dama; estuvo dispuesto a entregar todos los espejitos de colores para mostrar el camino que pretende para Sudamérica. Si en lo económico aspiran a empujar a la región hacia ese ALCA recargado que es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en materia de seguridad y defensa ya sentaron las bases para que la Argentina se alinee con los mandatos del Comando Sur y vuelva a comportarse como ficha propia en el tablero internacional.

Para el Comando, “los países de Latinoamérica y del Caribe son estratégicamente importantes para la seguridad nacional y el futuro económico de los Estados Unidos” y sus intereses a largo plazo “están mejor resguardados en un hemisferio de países estables, seguros y democráticos. El futuro próspero para todos se asienta sobre una base de valores compartidos, gobiernos eficientes, sociedades libres y economías abiertas de mercado”, requisito que Macri se comprometió una y otra vez a cumplir y sus medidas de ajuste y negociación con los fondos buitres van más allá de las buenas intenciones.

Por eso, sus operadores diplomáticos, encabezados por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Fulvio Pompeo, dieron el visto bueno, casi a carpeta cerrada, a todos los convenios que le acercó el Departamento de Estado y borró de un plumazo las tímidas propuestas que le acercaron algunos profesionales de la diplomacia argentina, que tienen en su ADN la inclusión automática del tema de las negociaciones por el ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante la visita de cualquier presidente del mundo. Inglaterra es socia estratégica de EEUU en la OTAN y la OTAN, para Obama no se toca; Macri, por lo tanto, no habla de Malvinas a las que consideró, antes de asumir la Presidencia como un mero y “fuerte déficit adicional para la Argentina”.

Camuflaje

Durante la última década, el Pentágono se vio obligado a reformular objetivos, misiones, funciones y, sobre todo, las metodologías del Comando Sur; las denuncias en su contra lo obligaron, y por la construcción de realidades nacionales, populares y soberanas, en países que, en su mayoría, habían sufrido dictaduras impulsadas y apoyadas por Washington, con el concurso de la Escuela de las Américas y del propio comando.

El nuevo marco regional desarrollado a lo largo de más de diez años, condujo al aparato militar estadounidense a enfocar los problemas de Latinoamérica y el Caribe desde una perspectiva de “seguridad”, con la inclusión de potenciales respuestas “militarizadas” a problemas ajenos al ámbito tradicional de la responsabilidad castrense. Más sencillo: ante la imposibilidad de impulsar invasiones abiertas y descaradas o de alistar a los ejércitos de las oligarquías locales para derrocar gobiernos constitucionales, desarrolló una nueva agenda operacional.

El incremento sustancial en el uso de los militares para intervenir en asuntos políticos, a través de las experiencias dictatoriales fue reemplazado por:

• La “guerra contra las drogas”, que permite un mayor papel de los militares en asuntos domésticos, en una competencia originalmente correspondiente a las fuerzas de seguridad. México es el mejor ejemplo de ello; las decenas de miles de muertos, también lo son del resultado de ese encuadre impulsado por la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA).

• Capacitación de fuerzas policiales y de seguridad en países de la región con dificultades para atender problemas de la criminalidad y violencia u operaciones del crimen organizado transfronterizo.

• “Guerra contra el terrorismo” y los “delitos graves, que adquirió una importancia expansiva en términos geográficos, lo que implica futuras ampliaciones del perímetro de seguridad estadounidense. El reciente aterrizaje de Obama y el control territorial, de seguridad y comunicacional de territorio argentino por parte de su aparato de seguridad, puede servir de botón de muestra de este futuro.

• Un concepto de seguridad para el que las políticas internacionales y domésticas ya no constituyen compartimientos estancos o diferenciados, por lo que la existencia de “factores de inseguridad” que afectan al ámbito interno de un Estado extranjero, ahora pueden ser considerados como negativos para EEUU en lo nacional. Una relación a la que se denomina “interméstica” y que habilitó el concepto intervencionista de “ataque preventivo”.

Las “nuevas” tareas del Comando Sur para el continente, incluyen acciones de reconocimiento estratégico, guerra no convencional, defensa interna en el extranjero, asuntos civiles, operaciones psicológicas o contraterrorismo, para temas tan abarcativos y difusos como la “protección de instituciones democráticas”, asistencia a las naciones eliminando sus principales amenazas, contribución al desarrollo social y económico, colaboración en la eliminación de la producción de las drogas, adiestramiento militar profesional, participación en asistencia humanitaria y labores de búsqueda y rescate y “otras actividades” que decida el jefe de la Casa Blanca o su secretario de Defensa.

Esos “desafíos de seguridad hemisférica” ya “no son amenazas militares tradicionales; están interrelacionados e involucran a actores estatales como no estatales”, se focalizan sobre diferentes áreas, requieren de la realización de ejercicios y operaciones que “necesitan de la participación de las FFAA”, del establecimiento de relaciones entre el sector público y privado y la intervención en el teatro de la seguridad y la cooperación.

Presiones

Estos intentos venían de antes del cambio de Gobierno; a veces con sutileza, a veces usando fuertes presiones sobre las autoridades locales, con maniobras que mantuvieron incluso durante la etapa kirchnerista, a través de donaciones a provincias, cooptación de cuadros de gestión en organismos de protección civil y, en su máxima dimensión, con el intento de montaje del primer “Centro de Respuesta a Emergencias” en la provincia de Chaco, financiado por la Embajada de Estados Unidos, que la presidenta Cristina Fernández alcanzó a frenar cuando el Ministerio del Interior, entonces comandado por Florencio Randazzo, ya había aprobado el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”, a través de un convenio bilateral impulsado por el Comando Sur y esa legación diplomática, embozado tras la definición de “aporte a los programas sociales del gobierno” argentino.

La intención final y permanente es la de instalar una base que les permita complementar el control sobre el la cuarta reserva de agua subterránea del mundo, el Acuífero Guaraní, que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que ya ejercen desde su base en Mariscal Estigarribia.

Rápido para los mandados, apenas asumido, Macri nombró al coronel Emilio Renda como secretario de Protección Civil y Abordaje integral de Emergencias y Catástrofes de la misma cartera, un militar en un área que las principales agencias del sistema de las Naciones Unidas recomiendan dejar en manos de expertos civiles, en atención al criterio de “gestión integral de riesgos” que debe guiar el trabajo del sector. Semanas después, mandó a Washington a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al secretario del ramo, Eugenio Burzaco, para recibir instrucciones de funcionarios clave de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional. Una forma de tratar de avanzar en la promoción de la “cooperación de seguridad para lograr los objetivos estratégicos de los Estados Unidos” que plantea el Comando Sur y que Obama desplegó a través del conjunto de acuerdos que su equipo firmó mientras él se dedicaba al dos por cuatro o navegaba por el Nahuel Huapi.

El libreto llegó en el Air Force One

El guión que conduce a la Argentina actual a comportarse como ficha propia de Washington también en temas de seguridad y defensa, puede seguirse con facilidad a través de los acuerdos que trajeron los funcionarios de la Casa Blanca y su homóloga Rosada firmó sin pestañear.

Esta nota se extendió en las definiciones del Comando Sur, por encima de la coyuntura y los países. Puestos los acuerdos sobre esa plantilla conceptual, se ve que Mauricio Macri aceptó uno por uno los puntos trazados: Acuerdo sobre Incremento de la Cooperación para Prevenir y Combatir los Delitos Graves, declaración conjunta sobre Cooperación en Materia de Seguridad y Facilitación de Desplazamiento, acuerdo referente al Emplazamiento de Oficiales de Seguridad a Bordo, declaración conjunta de cancilleres en apoyo de la Organización de Estados Americanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, entre otras piezas, un Memorándum de Entendimiento para prevenir el lavado de dinero.

El conjunto de documentos, reseñado entre otros por el matutino Página 12 en su edición del domingo 27 de marzo, está destinado a:

– Incrementar el tamaño de las unidades militares desplegables argentinas y a estar en disponibilidad para participar en “misiones de paz” en Africa, que defina EEUU

– Entrenar a sus pilotos y modernizar la flota aviones de transporte y carga militar

– Asistir a las fuerzas de seguridad locales (Policía, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria) en combate conjunto contra el narcotráfico, el crimen organizado y en temas de terrorismo y sus formas de financiamiento desde la Triple Frontera

– Capacitar efectivos argentinos en la Academia Internacional de Policía, la DEA y el FBI

– Montar una red de Centros de Fusión de Inteligencia por parte del FBI

– Realizar encuentros de trabajo entre efectivos del Pentágono y las Fuerzas Armadas argentinas, con un temario que incluye tópicos como operaciones de paz, preparación y respuesta a desastres y cooperación en defensa hemisférica

– Compartir información con el Ministerio de Seguridad que regentea Patricia Bullrich, a través de la instalación local de “oficiales de enlace”

– Facilitar el intercambio de datos sobre “delincuentes y terroristas” potenciales y confirmados

– Mejorar la seguridad fronteriza a partir de la colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense

– Asistir técnicamente a los organismos argentinos de telecomunicaciones

– Agilizar las visitas de funcionarios argentinos a sitios en los que se desarrollan fuentes de energía no convencionales

No hace falta brújula cuando se transita una senda tan clara.