El fiscal Federico Delgado hizo una presentación ante la posibilidad de que Macri haya cometido algún delito en las negociaciones con los fondos buitre. El Ministerio Público Fiscal reclamó la investigación de las negociaciones desarrolladas, y pidió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que se ponga a disposición todos los documentos y “en cualquier soporte” vinculados a la cuestión. Sus argumentos profundizaron un debate que resultó escaso en la cámara Baja.

Por Carlos A. Villalba

El reloj superaba las 8 y media de la mañana del miércoles 16 de marzo y el termómetro ya superaba los 24 grados, cuando 165 diputados nacionales votaron la media sanción del proyecto que busca comenzar un nuevo ciclo de endeudamiento externo sin límites. 90 fueron de la derecha explícita de Mauricio Macri y 75 compuestos entre los gobernantes-opositores de Sergio Massa, los “progresistas” del socialismo que se subió a todos los carros que se oponen al peronismo, incluida la última dictadura cívico-militar y unos 15 de origen peronista que fueron votados para defender la soberanía nacional, se pasaron de bando y arrimaron sus bancas a las del PRO.  

El Presidente y su equipo de imagen, que libreta hasta los formatos de divorcio y armado de nuevas parejas de sus funcionarias y funcionarios, estaba más interesado por la hora en que se votase el proyecto que por las consecuencias que acarreará al país y su pueblo.

Durante más de 20 horas hubo discursos para todos los gustos. Sin embargo, alguno de los argumentos más importantes, que pesarán sobre el futuro del país a lo largo de las próximas generaciones, no surgieron de una de las piezas oratorias de la oposición o de los oficialismos sino de una presentación judicial, la del fiscal Federico Delgado, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 6, ante la justicia federal, frente a la posibilidad de que el Gobierno nacional haya cometido algún delito en las negociaciones con los fondos buitre.

El representante del Ministerio Público Fiscal reclamó la investigación de las negociaciones desarrolladas y solicitó que se libre un pedido al jefe de Gabinete de la Nación para que “de inmediato” ponga a disposición “todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente estén vinculados a esta cuestión, ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo”.

De ese modo, Delgado empujó el razonamiento que critica la emisión de deuda externa por u$s 15.000 millones, destinada a acordar con el 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005, “mientras que para los 93% que sí lo hicieron se emitieron, 30.000 millones de dólares”. De ser así  “se estaría premiando la práctica de los especuladores que habrían ganado diez veces más que lo que invirtieron y omitiendo sopesar las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas plasmadas en la ley 27.707”.

El fiscal se permitió un breve recorrido sobre la historia de las causas contra los endeudamientos externos de los diferentes gobiernos argentinos, arrancando por el de Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz, pasando por el Plan Brady de la década menemista y el Megacanje de Fernando de la Rua, del que participó Federico Sturzenegger, el actual Presidente del Banco Central de la República Argentina. Y llegó a la conclusión de que esos casos “en general, no avanzan”.

La presentación asegura que la toma de deuda se justifica para “encarar el desarrollo económico”, aunque “luego vira y toma otro camino: financiar la fuga de capitales”. El fiscal destaca que “En medio de ese viraje se produjeron siempre graves delitos”, traslada la especulación al presente y sostiene que “Frente a este nuevo capítulo de la deuda, la disyuntiva es la misma pero no podemos hacer nada al respecto”, a pesar del “hábito crónico” de “prorrogar la jurisdicción de nuestros tribunales, renunciar a la inmunidad soberana, recortar en consecuencia las facultades de nuestro poder judicial e invariablemente ser vapuleados en tribunales judiciales o administrativos extranjeros”.

El fiscal tuvo en cuenta la presentación de los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis, quienes señalaron que “los fondos buitres llevaron, a través de terceros, a la mesa de negociaciones abierta por el Juez Griesa, una propuesta de descuento del 30% sobre el monto de los intereses punitorios del fallo y la aceptación de cobrar en bonos, lo que fue rechazado por el anterior gobierno. Pasado el tiempo y sin que mediaran otras circunstancias, el gobierno de Macri les ha ofrecido pagar en efectivo u$s 6.500 millones sobre la sentencia de Griesa. Así el descuento será solamente del 25%, siempre sobre los punitorios”.

Megacanje II

El requerimiento fiscal refleja que “El gobierno de Macri, mediante un DNU firmado el 22 de diciembre, ha puesto en marcha un megacanje de deuda, por un total de u$s 16.099 millones, que agregará nuevos intereses para el Estado Nacional, ya que se cambian dos Letras Intransferibles a tasas de interés casi nulas emitidas por el Tesoro Nacional y recibidas por el Banco Central en 2006 y 2010, por tres bonos denominados BONAR con vencimientos en el 2022, 2025 y 2027, y con tasas superiores al 7%. La cifra de la operación podría trepar a u$s 65.000 millones tal como lo anunció el Ministro de Economía Prat Gay, si se completa el canje a otras Letras Intransferibles en poder del BCRA”.

También es significativa la mención de los bancos internacionales que participan de la operación, junto al Tesoro Nacional y el Banco Central. Entre ellos, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs, todos con representantes en las más altas esferas económicas del Gobierno. Los denunciantes consideran sobre el particular que “los funcionarios del Gobierno están encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino favoreciendo a los bancos acreedores, comenzando así a pagar intereses por algo que hasta el presente no se abonaba, por lo cual podrían ser responsables de graves perjuicios económicos para el erario público con las consiguientes sanciones y acciones reprobatorias que se puedan ejecutar”.

Por último, Delgado recuerda que la Constitución Nacional asigna al Congreso de la Nación la materia “deuda” y solo podría haber una delegación sobre el Poder Ejecutivo “siempre y cuando sea para mejorar su perfil”, y concluye que “Si debemos más empeora, si debemos menos, mejora”.

El nuevo endeudamiento en decenas de miles de millones de dólares, permite una rápida respuesta.