Informe de síntesis (abril de 2018) elaborado por el IEC-CONADU sobre la base de datos disponibles en la SPU y Ministerio de Hacienda.
La política del gobierno de la Alianza Cambiemos para las universidades nacionales se visualiza en primera instancia en un proceso de desfinanciamiento que se produce deliberadamente desde el inicio del año 2016. La sub-ejecución presupuestaria, la ejecución tardía de partidas, y los recortes provocaron la paralización de una serie de programas necesarios para asegurar el derecho a la educación y la democratización del sistema universitario.
DESFINANCIAMIENTO
La inversión nacional en las universidades nacionales, que creció de manera sostenida en la década anterior (de 0,55% en 2006 a 0,86% en 2015), disminuyó a 0,79% en 2016 (el nivel más bajo desde 2011) en relación con un PBI que decreció un 2,3% en términos reales.
Todavía no hay datos definitivos de la inversión universitaria y del PBI 2017, pero de confirmarse una posible recuperación parcial de la caída sufrida en 2016, ella se explicaría mayormente por la paritaria docente universitaria que alcanzó un piso (25/26,5%) superior a las previsiones iniciales planteadas en el presupuesto 2017 (17%).
SUBEJECUCIÓN
El nivel de ejecución de las Transferencias Nacionales a las universidades nacionales durante el año 2016 y 2017 (provisorio) fue el más bajo del período 2007/2017. Esto significa que quedaron sin ejecutar $700 millones destinados al sector en 2016, y $738 millones en 2017.
Los ministerios que más sub-ejecutaron el presupuesto universitario fueron los Ministerios de Educación (que dejó sin ejecutar más de $518 millones), de Desarrollo Social ($ 37,2 millones), Ministerio de Trabajo ($37,2 millones) y Ministerio de Modernización ($36,2 millones).
Durante todo el año 2016 hubo atrasos en los pagos a las universidades nacionales, obstaculizándose el normal desenvolvimiento de las actividades. Durante el primer semestre los Programas de Desarrollo Universitario estuvieron totalmente desfinanciados, recién en el segundo semestre comenzaron a ejecutarse algunas partidas, pero más del 60% de los fondos se ejecutaron entre noviembre y diciembre (19,2% en noviembre, y 42,6% en diciembre), con el consiguiente perjuicio para el normal desarrollo de las actividades que dependían de ese financiamiento.
Durante el año 2017 se siguieron manifestando las mismas tendencias observadas durante 2016: una concentración del gasto en los salarios (1), y bajos niveles de ejecución en el presupuesto asociado con los programas de desarrollo universitario-FUNDAR (89,3% devengado y 66,3% pagado en 2017 y contra un devengado de la totalidad del crédito y un pagado de 47% en 2016) y del Financiamiento de las Actividades de Investigación de los Docentes Universitarios: 91,6% (Devengado) y 57% (Pagado) en 2017. Cabe aclarar, además, que en 2017 se incluyó una actividad denominada “Desarrollo de Proyectos Especiales” con un presupuesto de 250 millones de pesos, cuya ejecución fue de sólo 8,2% durante el primer semestre y que a fin de año había devengado solo un 83,9%.
También es muy fuerte la sub-ejecución en las partidas destinadas a financiar los hospitales universitarios 2 (74,2% de devengado de los cuales se pagó solamente 79,9%). (2)
Si miramos la inversión de la SPU a lo largo del 2017, se puede observar que durante el primer semestre los programas de Desarrollo Universitario estuvieron desfinanciados, y que recién durante el segundo semestre se ejecutaron el 78% de las partidas del presupuesto 2017 para este fin (más del 33% entre noviembre y diciembre). Además, el 40% del presupuesto ejecutado no se pagó efectivamente durante 2017 quedando como deuda a saldar en 2018.
DEUDA
Además del achicamiento relativo del presupuesto universitario producto de la inflación y el bajo nivel de ejecución, durante todo el año hubo atrasos en los pagos. Al finalizar el año 2017 el monto adeudado a las universidades llegó a $10.993,4 millones (12,3% del presupuesto ejecutado), lo cual fue un obstáculo más para el normal desenvolvimiento de las actividades. De este total, $10.807 millones correspondieron al Ministerio de Educación.
Al mismo tiempo, disminuye la ya de por sí escasa participación de los demás programas y ministerios de la Administración Nacional en el financiamiento universitario. En el presupuesto 2017, el aporte de los ministerios nacionales (excluyendo a la SPU) llega al 1,6% del financiamiento público a las universidades nacionales.
La ampliación del presupuesto durante el ejercicio es una práctica habitual que se utiliza para atender los compromisos asumidos en paritarias y compensar la pérdida del poder adquisitivo producida por la inflación. A pesar de que durante 2016 y 2017 la inflación llegó al 40% y 24,5% respectivamente (las más altas de los últimos años) el presupuesto destinado a UUNN sólo se amplió 16% y 13% superando sólo a la ampliación realizada en 2012 (12%) con una inflación sustantivamente inferior (24%).
La inversión destinada a los Programas de Desarrollo Universitario (mejoramiento de las carreras, planes de infraestructura, acciones complementarias a las becas, extensión universitaria, etc.) se redujo un 10,7% en términos nominales y un 54% en términos reales entre 2015 y 2016. La mayor parte de los escasos fondos que se invirtieron en estos conceptos llegaron a las universidades entre diciembre de 2016 y principios de 2017; es decir que dichos programas estuvieron prácticamente paralizados durante 2016.
Vale subrayar que, al igual que ha ocurrido con otros programas de ayuda social (PROGRESAR, AUH), la interrupción de su provisión implica normalmente un impacto que excluye definitivamente a sus beneficiarios del sistema.
EL AJUSTE SOBRE EL SALARIO DOCENTE UNIVERSITARIO
Uno de los objetivos del ajuste presupuestario fue provocar, del mismo modo que en la educación obligatoria, una disminución del salario real de los trabajadores y trabajadoras del sector.
En la primera mitad del 2016, se llegó a un acuerdo de incremento salarial de un 35% para los y las docentes universitarios, que incluía una cláusula de revisión que debió haber sido puesta en práctica a partir de septiembre, en la medida en que la inflación ya había superado el índice de recomposición establecido. Sin embargo, el gobierno nacional no admitió en ningún momento esa situación, negándose a proponer un aumento adicional. Al concluir el año, la pérdida estimada de poder adquisitivo del salario se estimaba entre los 8 y los 10 puntos.
La inclusión, en el Presupuesto 2017, de una previsión de aumento salarial (del 17%), junto con la advertencia de que no habrían partidas adicionales para esa finalidad, constituyó una manifestación explícita de la intención de “poner un techo” a las negociaciones paritarias del sector público, de acuerdo con previsiones de inflación que sólo el gobierno consideraba razonables.
El acuerdo salarial alcanzado en 2017 (superando el 25%, con “cláusula gatillo”) fue finalmente superior a la pauta que pretendía establecer el gobierno nacional, resultado que demandó el desarrollo de un intenso plan de lucha sindical.
En el corriente año, nuevamente se pretende fijar un límite a la negociación para la recomposición salarial en un 15%, mientras todas las previsiones indican que la inflación anual superará el 20% con altas probabilidades de alcanzar un 25%.
Las demandas actuales de la representación sindical no han sido aún atendidas, y no se ha convocado a la reunión de la comisión negociadora nacional, pese a encontrarse cumplidos los tiempos de ejecución del acuerdo precedente.
BECAS PARA ESTUDIANTES
Desde 2016 se viene implementando una política de recortes en la cantidad de becas universitarias otorgadas por la SPU. Las becas para carreras prioritarias disminuyeron de 39.715 en 2015 a 29.520 en 2017; y las becas para estudiantes de bajos recursos cayeron desde 23.019 a 14.985 en 2017.
La política de recortes también llegó al programa PROGRESAR que hasta el año pasado se ejecutaba en ANSeS, y que en 2018 está a cargo de la SPU y se incluye en su presupuesto. En 2017 no sólo se detuvo la tendencia creciente del período 2014-2016 sino que además se redujo en 27.748 la cantidad de becarios.
PUNTOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO
1. SUB-EJECUCIÓN
Los ministerios que más sub-ejecutaron el presupuesto universitario fueron los Ministerios de Educación (que dejó sin ejecutar mas de $ 518 millones destinados a las UUNN), de Desarrollo Social ($37,2 millones), Ministerio de Trabajo (37,2 millones) y Ministerio de Modernización ($36,2 millones).
2. DEUDA
Además del achicamiento relativo del presupuesto universitario producto de la inflación y el bajo nivel de ejecución, durante todo el año hubo atrasos en los pagos. Al finalizar el año 2017 el monto adeudado a las universidades llegó a $10.993,4 millones (12,3% del presupuesto ejecutado), lo cual fue un obstáculo más para el normal desenvolvimiento de las UUNN. De este total $ 10.807 millones correspondieron al Ministerio de Educación y $ 186 millones a otros ministerios (interior principalmente).
3. BECAS
Desde 2016 se viene implementando una política de recortes en la cantidad de becas universitarias otorgadas por la SPU. Durante 2017 se otorgaron menos becas para carreras prioritarias y para bajos recursos que en 2016, año en que también habían sido recortadas con respecto al año anterior.
4. PROGRESAR
La política de recortes también llegó al programa PROGRESAR. El programa, que hasta el año pasado se ejecutaba en ANSeS, a partir del 2018 está cargo de la SPU. En 2017 no sólo se detuvo la tendencia creciente del periodo 2014-2016 sino que además se redujo en 27.748 la cantidad de becarios.
5. PRESUPUESTO 2018 DE LA SPU
1- En el año 2017, el rubro salarios y gastos de funcionamiento representaba el 92,6% del Presupuesto.
2 – Según los datos provisorios de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda, actualizados al
24/12/2017.