(Por Carlos A. Villalba / Foto de portada: Gabriela Manzo) La Argentina Mapuche I. El uso de una desaparición forzada.
“Un mundo artificial donde el valor de intercambio material es el dinero
genera desigualdades, porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres
por las cuales comienzan a aparecer sometidos/as y sometedores/as.”De la Libreta de Santiago
La desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1° de agosto en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional contra las protestas mapuches en la provincia de Chubut dio visibilidad a la situación de las comunidades originarias en la Argentina, los litigios por sus tierras y los centenares de miles de hectáreas en poder de terratenientes extranjeros y desencadenó una serie de mecanismos de encubrimiento por parte de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destinados a disimular las acciones de una de las fuerzas de seguridad bajo su dirección política.
Hechos
Además de nominar a la causa judicial, la situación a la que fue sometido Maldonado constituye una “desaparición forzada” porque así la definen la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, promulgada en el país el 11 de octubre de 1995 por Ley 24.556 y con jerarquía constitucional desde mayo de 1997, y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, ratificada por ley 26.298 del 28 de noviembre 2007. Así, el delito de desaparición forzada fue incorporado al Código Penal en el artículo 142 ter promulgado por ley 26.679 del 5 de mayo de 2011, con penas de prisión de entre 10, 25 años y perpetua.
Inmediatamente después de recibir el informe de los estudios realizados por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires sobre el ADN de las muestras que extrajeron de los regimientos y de las camionetas supuestamente involucrados en los hechos de la Ruta 40, la ministra Bullrich aseguró que el mismo “Despeja muy fuertemente lo que ha sido acusado el Gobierno de una desaparición forzada” (sic).
La funcionaria intentó durante semanas ubicar a Santiago Maldonado -artesano solidario con la reivindicación mapuche de sus propias tierras ancestrales- en la Mesopotamia argentina, en territorio cuyano, tras la cordillera de los Andes, clandestinizado luego del “autosacrificio” de una “desaparición voluntaria” tendiente a darle visibilidad a los reclamos de los pueblos originarios, o herido en algún lugar tras recibir un puntazo en la noche cargada de estrellas de los cielos del Chubut.
Ese “periplo”, acompañado, fogoneado y “enriquecido” por los medios de mayor peso comunicacional del país, no solo alejaba a Maldonado del lugar en el que se produjo su desaparición sino que, además y más grave, hacía correr un tiempo que, en este tipo de casos, son de vital importancia, sobre todo para la vida y la salud del detenido desaparecido.
Mientras las horas, los días, las semanas y el primer mes y medio transcurrían, Patricia Bullrich se salió de caja, dejó las formas de la función pública, eligió mirar para otro lado, negar los hechos e incluso la información que su propia Gendarmería ya acopiaba y decidió “bancar” a sus efectivos, por encima de las sospechas que recayeron sobre ellos y contra los protocolos relacionados con las acciones que deben tomarse sobre fuerzas o agentes de seguridad implicados en hechos de violencia.
Triple play y fuera de juego
Cada desaparición debe ser investigada de forma independiente e imparcial, lo que abarca a la fuerza involucrada, al juez de las causas y a los fiscales. Por lo tanto, la Gendarmería no debió ser la “investigadora” de un hecho que puede constituir un delito cometido por ella misma; después de la represión en el área del km 1847 de la Ruta 40, el juez Guido Otranto debió apartar a quienes dirigieron el operativo por él ordenado y a todos los efectivos que participaron del mismo, algo que no hizo sino hasta ocho días después. En simultáneo, Seguridad tampoco los puso en disponibilidad.
Otra irregularidad fue que el magistrado terminase investigando sus propias decisiones, ya que tuvo a su cargo la pesquisa por el desalojo de la Ruta 40 ordenado por él; el habeas corpus por Maldonado, desaparecido a partir del hecho anterior, y la “desaparición forzada” caratulada por la fiscal Silvina Avila, en el marco de un operativo ordenado por el juez. Tres en uno.
Más de una semana es tiempo de sobra para unificar y limpiar discursos de los subordinados, borrar huellas en la estepa, las rutas y los vehículos y hasta para desaparecer un cuerpo. La única medida tomada con rapidez fue anunciar una recompensa de $2 millones, algo no recomendado para los casos de desapariciones forzadas, y alertar a los pasos fronterizos y terminales terrestres y aéreas, en un claro mensaje destinado a generar la imagen de alguien que está tratando de huir y no de una persona desaparecida en el marco de una acción represiva estatal.
Después de las críticas generalizadas de especialistas y comunicadores, organismos de derechos humanos, sectores partidarios y de la propia comunidad mapuche, el viernes 22 de septiembre la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia admitió los planteos de la familia el CELS sobre la “manifiesta parcialidad” del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y dispuso la intervención del titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral.
El fallo de la Cámara muestra que el propio magistrado selló su suerte al afirmar que la principal hipótesis sobre Santiago Maldonado era que el joven se había ahogado en el río Chubut, con lo cual y en sintonía con el interés del gobierno nacional, sacó del foco de la investigación a Gendarmería, protagonista central de la causa, y efectuó “juicios de valor que descartarían prima facie la hipótesis investigada en la causa en la que se peticiona su apartamiento, es decir la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, incurriendo en un “adelantamiento de opinión” y dando la espalda a la evidencia apabullante contra el cuerpo de seguridad que operó el 1° de agosto contra la comunidad mapuche de Cushamen.
Desaparición forzada
Aunque la vocera del Gobierno de Mauricio Macri para el caso crea que la falta de coincidencias genéticas en las pruebas tomadas muchos días después de los hechos y en vehículos lavados incluso con sustancias químicas, las normas hablan por sí mismas, son obligatorias y preexistentes.
De acuerdo con la definición de la OEA y de la ONU, de carácter constitucional en la Argentina, una desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Al hecho, además, debe seguirle “la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Los organismos internacionales consideran también que no es necesario el desarrollo de un “plan sistemático” para que se constituya una desaparición forzada, como sucedió durante la última dictadura cívico militar. Por eso Macri se equivoca al argüir como defensa de sus “jóvenes” gendarmes que no puede homologarse sus acciones actuales con hechos acaecidos en los setenta: no por ser una dejaría de ser una “desaparición forzosa”.
Santiago Maldonado fue visto por última vez en el marco del operativo del 1°de agosto de la Gendarmería Nacional, destinado al desalojo de una protesta de la comunidad mapuche contra la detención de su dirigente Facundo Jones Huala. Según testigos del hecho, el joven de 28 años fue golpeado y capturado por entre uno y tres uniformados.
La fuerza de seguridad niega la captura y su jefa política aseguró en diferentes ocasiones que “no hay pruebas” del hecho, además de afirmar su rechazo a “tirar un gendarme por la ventana” o a “estigmatizarlo”, en consonancia con el rechazo presidencial hacia aquellos que, según él, “quieren que linche a la Gendarmería”.
El protocolo internacional de actuación de los gobiernos, por encima de la visión de cualquiera de sus funcionarios y ante un hecho de “desaparición forzada”, considera que durante las “primeras horas de la investigación” es “fundamental que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones” y “garantizarse que las personas, fuerzas, agentes de las que se supone que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación”.
Exactamente lo contrario a lo realizado por el Estado argentino, que no respetó distintos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y disposiciones de la Convención de la ONU en lo atinente a los pasos que debe recorrer la “investigación de oficio”, el trazado de diferentes “líneas de investigación” con “un criterio de amplitud respecto de las hipótesis, incorporando y analizando recíprocamente la mayor cantidad de información posible”, la “actividad exhaustiva de búsqueda” con la actuación “pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de libertad”, además de ignorar el “resguardo de evidencias” y la “protección de testigos”.
Invasión
El lunes 31 de julio a las 11 de la mañana un grupo de mapuches concretó un corte de la Ruta 40 para denunciar la prisión del líder Facundo Jones Huala y reclamar su libertad. Repartieron sus panfletos explicando la situación y sus derechos y dialogaron con los conductores que pasaron por el lugar, en su mayoría camioneros.
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Alrededor de las 17 hs llegó Gendarmería, con un camión Unimog y tres camionetas cargadas de efectivos. Se registraron disparos de los uniformados y las pedradas de respuesta. Los agentes retrocedieron algunos centenares de metros y uno de ellos leyó por altoparlante una orden de desalojo firmada supuestamente por el juez Guido Otranto, que otorgaba dos horas para desalojar vía de comunicación nacional.
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Entrada la noche, un grupo de camionetas oficiales se acercaron con las luces apagadas al territorio mapuche aunque sin entrar en acción. La situación se mantuvo en esa tensa “estabilidad” hasta la madrugada del día siguiente, cuando se instaló un nuevo contingente de Gendarmería, con gran cantidad de vehículos. Eran las cinco de la mañana.
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Antes del mediodía el grupo mapuche, algo más de una docena de personas, volvió a la ruta. De ahí en más ya nada sería igual, para ellos, para Santiago y su familia ni para la sociedad argentina. Los efectivos dependientes de Patricia Bullrich, su jefe de Gabinete Pablo Nocetti, y del presidente Macri se desplegaron a lo ancho del asfalto, con escopetas, armas cortas y piedras, como está documentado en las piezas fílmicas que fueron filtrándose en las últimas jornadas.
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El piquete se replegó sobre su propio territorio, creyendo que Gendarmería no penetraría en él porque lo tiene prohibido por Ley, como le manifestaría después el magistrado al propio Nocetti. Sin embargo, la tropa rompió el candado de la tranquera e invadió el terreno protegido por los disparos de sus fusileros y el parapeto del unimog.
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Quebrada su capacidad de resistencia, los mapuches corrieron hacia el Rio Chubut, lo atravesaron, más caminando que a nado, y se pusieron a resguardo en la otra orilla. En la huida y ante lo granado de los piedrazos y los disparos oficiales, un testigo asegura que uno de ellos decidió regresar hacia la costa.
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Los propios gendarmes, en sede judicial y contra de las afirmaciones vertidas por la conducción política del cuerpo, reconocieron que algunos de ellos entraron en contacto físico con sus perseguidos.
Comprobado
A pesar del “banque” represivo y las teorías distractivas del gobierno de Mauricio Macri, a siete semanas de la desaparición forzada de Santiago Maldonado -el “Lechu”, “Ardilla”, o simplemente el Santi, de 25 de Mayo-, hay una serie de hechos confirmados e incriminatorios contra el Estado nacional:
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Santiago Maldonado estaba en el lugar de los hechos acaecidos entre el 31 de julio y el 1° de agosto. Pasó la noche de aquel lunes en la casilla mapuche (ruca) del Pu Lof (la comunidad parental) de la localidad de Cushamen, en territorio cuya propiedad reclama la empresa transnacional Benetton.
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Participó del segundo corte de la Ruta 40, realizado el 1° de agosto.
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Gendarmería penetró en territorio mapuche excediendo el límite espacial de las instrucciones del juez que dispuso que se liberase el camino. Esa acción ilegal se concretó de manera violenta y queda por peritar el tipo de armas utilizadas durante la misma, el calibre de las mismas y el uso de proyectiles no contemplados en el protocolo operativo de la fuerza.
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Se produjeron uno o más avistamientos y encuentros de los gendarmes, a orillas del río Chubut, con una o más de las personas que huían de la represión.
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Desde ese día, Santiago Maldonado no volvió a aparecer, motivo por el cual la fiscalía actuante caratuló la causa de “desaparición forzada”
Involución y perejil
La situación descripta ubica a Maldonado y a la Gendarmería en el lugar de los hechos en los que se registra una desaparición forzosa de persona; la lógica de las acciones, sus coordenadas de tiempo y espacio y los testimonios en sede judicial de los propios efectivos involucrados y de los testigos mapuches, terminan de implicar a la institución con lo sucedido a Maldonado.
Durante las primeras semanas el gobierno nacional negó la situación, eludió responsabilidades y trató de correr la escena de lugar, negar los hechos y correr al protagonista involuntario del drama de su papel de víctima en que las decisiones oficiales lo colocaron.
Mientras se queman las últimas brasas de los escenarios dibujados por el Ejecutivo y el propio juez de las tres causas ya desplazado, desde el “sacrificio” hasta el “ahogado”, el discurso empieza a cambiar, aunque no hacia la autocrítica institucional y el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos que conllevan penas de décadas de prisión no excarcelables, sino hacia el “exceso”, al “por ahí a algún gendarme se le fue la mano” y a la acción individual.
Los estrategas del esquive, con escaso o nulo tacto legal, no advirtieron que la desaparición, el exceso o la “bronca” de un suboficial condimentado con perejil y la negación de los hechos, además de configurar la “desaparición forzosa”, pone a las máximas autoridades del Ministerio, empezando por su titular, ante cargos como los de “falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”, comprendidos en el Artículo 142 ter del Código Penal, con penas de prisión de diez a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público implicado.
En la cima del poder gubernamental los razonamientos no se alteran. Se mantiene la lógica de funcionamiento del modelo socio económico del equipo empresarial de Macri, destinado a la más fenomenal transferencia de ingresos y recursos hacia los sectores más concentrados de la economía. El resto es solo un paisaje que, en tiempos electorales, cada tanto hay que “medir”.
Cuando el análisis de los grupos focales y las encuestas gubernamentales mostraron a los propagandistas del PRO el altísimo nivel de interés de los argentinos por el “caso Maldonado”, en la Casa Rosada decidieron los primeros cambios en el discurso oficial. No lo lograron la desaparición, las denuncias, los protocolos violados, ni dos manifestaciones masivas bajo las ventanas rosadas del poder institucional; fueron los focus groups los que impusieron el suave viraje. El Presidente al promediar septiembre seguía creyendo que el tema tendrá “costo cero en las urnas”.
De todos modos, ya le prepararon un Plan B con dos alternativas para el caso de que desde Chubut lleguen malas noticias para la Gendarmería. La primera consiste en el máximo castigo para el o los gendarmes que, de manera inorgánica, hayan infringido la ley en el operativo contra los mapuches. La segunda es por si antes de las elecciones generales del 22 de octubre cayeran pruebas como un alud sobre la ministra de Seguridad, su jefe de gabinete y los jefes de la fuerza actuante; incluye corte de cabezas. Nocetti y los jefes locales primero. Si los focus group indicaran que no le alcanza para dar vuelta el resultado bonaerense de los comicios… la Bullrich cambiaría su traje camuflado de gendarme, por los trajecitos sastre de la diplomacia política. Sería el último “as” electoral de Cambiemos.
Y todo esto sin especular con lo peor, apenas a la espera de la aparición con vida de Santiago y el castigo a los culpables.
(*) Psicólogo y periodista. Investigador argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
Nota ilustrada con fotos de 6 de los 8 murales que Santiago pintó en las calles de 25 de Mayo, que serán declarados patrimonio cultural municipal por el Concejo Deliberante de esa ciudad bonaerense.