(Por Carlos A. Villalba*) Los gerentes de la Alianza “Cambiemos”, multiplicaron sus definiciones groseras sobre el Estado y sus trabajadores desde el momento mismo del triunfo electoral de Mauricio Macri en octubre de 2015. “Empleo inútil”, “grasa militante”, “ñoquis”, “mafias”, fueron algunos de sus despectivos. El 18 de abril pasado, el mandatario perfeccionó la concepción PRO del Estado al concebirlo como “aguantadero”, palabreja inexistente para la Real Academia pero de clara y sencilla comprensión en Argentina y Uruguay, donde se la usa para referirse al “refugio de delincuentes buscados por la ley”. Al firmar ese día el “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”, el Presidente se refería a la estructura administrativa del Gobierno y a sus trabajadores y no al centenar de sus funcionarios involucrados ya en más de 50 causas judiciales, entre ellos cinco de sus ministros, su vicepresidenta, el jefe del espionaje local y él mismo, que encabeza la lista con imputaciones en su contra por lavado de activos en los Panamá Papers, ampliación del blanqueo de capitales a familiares, el memorándum con Qatar, los casos Avian y Flay Bondi, el tarifazo energético y el intento de licuación de la deuda de Correo Argentino SA, además de las por ahora desestimadas causas “dólar a futuro” y “deuda externa”.
Además de apropiarse de él para beneficio de las corporaciones concentradas, el macrismo quiere al Estado fuera de la economía,limita al máximo sus funciones de contralor, aunque aumentó el organigrama a 22 ministerios, 87 secretarías, 207 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales, 122 institutos y organismos descentralizados; un total de 1125 unidades administrativas, número muy superior al heredado, para incorporar centenares de puestos gerenciales que se repartieron entre la tropa amarilla y sus aliados políticos. Sin embargo, el proceso dejó sin trabajo a unos 12.000 empleados en su primer año y apunta ahora a otras decenas de miles más de trabajadores, que saldrán de los 115 mil que se encuentran “bajo análisis”, los 36.409 contratados, los más de 21 mil “jubilables” o las víctimas de las policíacas “auditorias de asistencia” que dispone la “Resolución 204-E” que acaba de publicarse en el Boletín Oficial.
El serrucho tiene la ampulosa denominación de “Plan de Desburocratización y Reforma del Estado” e incluye un proceso con nombre latino de origen bíblico: “atrición”, que para la Real Academia es el “pesar por haber ofendido a Dios” y para el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica la reducción de puestos de trabajo en el sector público sin reemplazar las vacantes que se produzcan.
La sangría está a cargo Andrés Ibarra, el Ministro de Modernización, proveniente del Grupo Macri y asesorado por otro ex SOCMA y ex Menem Carlos Grosso; a pesar de su tijera, el funcionario no se privó de ubicar a su esposa, Carla Piccolomini, al frente de las Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina (RTA) con un sueldo estimado en más de $ 140.000.
Más negocios, menos trabajadores
El recorte, como el conjunto del plan de ajuste del gobierno, se va a acelerar después de las elecciones de medio término del 22 de octubre próximo, como lo reconocieron los sincericidas ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo durante la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada en Washington en abril pasado.
La medida forma parte del paquete que el FMI le indicó a Macri después que este decidiese que la economía nacional vuelva a girar en función de las pautas del organismo multilateral y sus créditos, destinados a compensar los multimillonarios pagos de la nueva deuda externa, que ya condujo a la Argentina, como a otros países de la región y el mundo, a la quiebra, la pobreza y los estallidos sociales.
En septiembre de 2016 desembarcó en Ezeiza el economista italiano Roberto Cardarelli, jefe de la División Norteamérica del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo y líder de la misión que estuvo en Buenos Aires durante dos semanas para reunir datos para el informe sobre la economía argentina publicado en noviembre pasado, tras diez años de ausencia.
El “nuevo Anoop Singh”, aquel responsable de la misión fondomonetarista en tiempos de Carlos Menem muy parecido al actor Peter Sellers, se rindió a los pies de “la tierra del tango, el Malbec y algunos de los mejores futbolistas del mundo“ y de los “logros de la Argentina” de Macri y recomendó al Gobierno una “reducción estructural” del empleo público.
Un Oscar para Ibarra
La maniobra está en ejecución desde hace un año y el ministro Ibarra acelera ahora los preparativos para la escalada de despidos. El informe del FMI, titulado “Logrando más con menos”, sin tanta poesía como el blog del propio Cardarelli, señala que “una reducción estructural del empleo público sería facilitada fortaleciendo la gestión de las nóminas (de empleados) para rastrear y controlar a los empleados públicos y emprendiendo un censo para identificar trabajadores ‘fantasma’ e implementando un sistema basado en la atrición”.
Con el Norte en la frase presidencial del 20 de marzo de 2016 acerca de que “Hay un millón y medio de empleados públicos de más”, el “Plan de Análisis de Dotaciones” avanza y apunta a una revisión de los planteles de personal de los 22 ministerios, destinada a una reducción de personal atada a la “productividad” de cada área.
Aproximadamente un tercio del Cuerpo de Administradores Gubernamentales (AG), un conjunto multidisciplinario de más de 150 profesionales altamente capacitados, pasó de desempeñarse en funciones de “planeamiento, asesoramiento, organización, conducción y coordinación en toda la Administración Pública Nacional”, a realizar el “control de calidad” de las planillas de encuestas que llena el personal temporario contratado al efecto por la consultora PwCoopers, nombre operativo de la PricewaterhouseCoopers.
La transnacional anglo estadounidense es la más grande del mundo en provisión de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal a las principales compañías, instituciones y gobiernos de los cinco continentes y fue contratada por Macri, Marcos Peña Braun e Ibarra para el “análisis” del Estado y sus procedimientos administrativos, proponer “mejoras de rendimiento” para los tiempos de tramitación y diseñar su “reingeniería de procesos”, acciones que monitorea desde sus oficinas ubicadas en la Torre Bouchard Plaza, ex Edificio La Nación, frente a Puerto Madero. “La Price” se hizo famosa entre el gran público por ser la responsable de auditar los votos de la Academia de Hollywood en la elección de sus Oscar 2017 y entregarle a Warren Beatty el sobre equivocado que indujo al director y actor de la célebre película “Reds” a dar por ganadora a “La La Land” en lugar de “Moonlight”.
A un costo contractual oculto bajo siete llaves, PwC es la encargada de analizar la “desviación” entre la “dotación inicial” de empleados públicos de cada repartición y lo que los técnicos privados consideran “dotación óptima” o “adecuada”, es decir entre los trabajadores que hay y los que la administración Macri quiere que haya, a partir del criterio ideológico de sus funcionarios y de las recomendaciones de los consultores que le apuntan a las direcciones de Recursos Humanos del Estado que existe un “excedente” de empleados públicos que, más temprano que tarde, deberán incorporarse a las listas del ajuste de la “Reforma III” del Estado, sucesora de los dos desguaces, con privatizaciones incluidas, concretados durante la década menemista.
Ibarra desembarcó en el Estado nacional con la experiencia de haber realizado el mismo proceso en la Ciudad de Buenos Aires, donde contrató por una cifra cercana a los u$s 3 millones a las consultoras PCG SA y TBT SRL para contabilizar la cantidad de empleados de determinados ministerios e identificar a los trabajadores “jubilables”. Al llegar a Nación, la prueba piloto se desarrolló en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), avanzó hacia Vialidad y al propio Ministerio de Modernización y, conforme se acerca el mes electoral de octubre, los tiempos se aceleran y suman nuevos profesionales a la que trabajan con los serruchos denominados “mecanismos de adecuación”.
Ya son 25 los equipos que trabajan “en persona” en los organismos, integrados por dos funcionarios de la coordinación del Programa, uno o dos “AG” y ocho “relevadores” provistos por la consultoría externa, que interactúan con los departamentos de Recursos Humanos de cada unidad. Según la denuncia de delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en áreas como Justicia y Derechos Humanos, se delegó la tarea del llenado de cuestionarios en trabajadores que quedaron sin tareas por el cierre de su sector, incluso de personal cesanteado y luego reincorporado.
El proyecto, define dichas “dotaciones adecuadas” a través del “análisis y desarrollo de indicadores de productividad”, criterio rechazado por buena parte de los expertos en políticas públicas que, paradójicamente, fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), comandada por Andrés Rodríguez, en un arreglo paritario a la baja por el 20% de aumento en tres cuotas y con extras por “presentismo” y “productividad” que terminó de acordar el jueves 18 de mayo.
Por el contrario, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que no participó de la negociación, se apresta a rechazar la pauta acordada, a la que considera “perversa” ante la pérdida de poder adquisitivo del salario y frente a una inflación que camina al galope y reclama un 38% de aumento, sumando 13% de lo perdido en la paritaria 2016 al 25% inflacionario del año en curso.
Este fue el único sector laboral que se expresó contra el “Plan Dotaciones” y tratará de modificar los “adicionales por productividad y presentismo” que negoció “Centauro” Rodríguez, a partir de la inaplicabilidad del primero, con el sencillo criterio de que el Estado “no es una fábrica de hacer chorizos” como para contarlos y la contradicción del segundo con el convenio colectivo que rige al sector.
Medidas de Fondo
Esta “reducción estructural del empleo público” es apenas uno de los puntos del diseño del Fondo Monetario Internacional a cumplir por el gobierno de Mauricio Macri hasta las 24 horas del lunes 9 de diciembre de 2019.
El equipo que comanda el hijo de Franco y Alicia Blanco Villegas ya analiza un conjunto de medidas que pueden presentarse con el siguiente punteo:
– Mantener el “gasto” público en niveles constantes, lo que implica una reducción anual de más del 20% por atraso frente a la inflación, una de las formas de lograr la reducción del déficit fiscal exigida por la autoridad monetaria reconocida por el actual gobierno. La llamada “racionalización del gasto público” incluye la inversión salarial.
– Cambio del sistema previsional, con reducción del haber inicial, modificación de la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad y posible congelamiento de la misma; elevación de la edad de retiro de las mujeres de 60 a 65 años y transferencia de programas como la Asignación Universal por Hijo o el plan Progresar, desde la Anses a los ministerios de Desarrollo Social o de Educación, que ya se quedó con el sustancioso “Conectar Igualdad”.
– Reforma tributaria regresiva, a imagen de las quitas y eliminaciones de retenciones granarias y mineras.
– Diseño de un cuadro tarifario de los servicios públicos, en función de la “recuperación de costos” de las empresas, con eliminación de subsidios e inevitables subas.
– Reducción de la inflación a un dígito, congelando el consumo.
– Disminución o eliminación de las barreras del comercio exterior.
– Profundización de la “normalización de las relaciones con los acreedores”, a través del pago de la deuda externa, disparada en 18 meses de gestión PRO.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, adelantó antes de instalarse en su despacho con vista a la Casa Rosada de la calle Hipólito Yrigoyen sus planes para congelar el Estado, paso previo a volver sobre su achicamiento, proceso en el que las privatización de las empresas públicas es una de los proyectos que más entusiasman a los Ceos que hoy comandan las palancas del Gobierno y mantienen aceitados los ductos con las grandes corporaciones a las que responden.
La PriceWaterhouseCoopers tal vez sea la bien pagada también para ayudar en el diseño de esos mecanismos; por ahora, se dedica a mapear el Estado para quitarle la “grasa” de quienes trabajan en él.
* Psicólogo y periodista argentino