MACRI VS. EMPRESAS RECUPERADAS

Macri no vino a desaparecer el Estado, sino a transformarlo. Hoy, las políticas de gobierno se hacen más presentes que nunca para los trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas: Tarifazo, Devaluación, Apertura de Importaciones, vetos de las leyes de expropiación y el recrudecimiento de la hostilidad judicial con desalojos, remates y liquidaciones. El informe de la UBA que describe el ataque despiadado del gobierno de Mauricio Macri a las Empresas Recuperadas.

Por Nicolás Hernández

Las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores son una especie de ventana hacia la economía nacional”, aseguró Andrés Ruggeri, Director del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, por eso “en este contexto y viendo la situación por la que están pasando los trabajadores con los que hablamos permanentemente nos pareció que este informe que empezamos a preparar a principios de año tenía que salir ya”.

El informe al que hace referencia el antropólogo, lleva por nombre “Las Empresas Recuperadas por los Trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri”, y es una publicación extraordinaria donde se le da continuidad a los cuatro relevamientos exhaustivos (2003, 2005, 2010 y 2014) realizados por extensionistas provenientes de diversas disciplinas. Hasta marzo, el sector agrupaba a 15.984 trabajadores y trabajadoras de unas 367 empresas distribuidas en todo el país.

“Nos vuelven a dejar en la calle los empresarios, ahora desde el Estado”

Ese fue el sentir que expresó Placido Peñarrieta en el auditorio del BAUEN, lugar donde el último martes fue presentado el informe ante trabajadores/as, estudiantes, abogados/as y militantes de diversos espacios. Placido es trabajador de la Imprenta Chilavert, recuperada de las fauces de empresarios vaciadores en 2002. Ya dueños de la propiedad hoy avizoran que los mismos que los estafaron en la crisis hoy “nos siguen diciendo lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos sigan siendo sirvientes de sus hijos”.

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La ecuación es clara y se manifiesta en un movimiento de pinzas. Por un lado el aumento brutal de los costos de producción: devaluación, aumento de los insumos, de las tarifarios y del costo de vida. Por el otro, una abrupta caída de las facturaciones debido a la menor demanda producto de la recesión y la competencia desleal a partir de la apertura de las importaciones.

Comenzando por las tarifas, el informe expone una serie de casos donde los aumentos van desde el 100% al 1300%. Ejemplos de estos son la ex Zanón, FaSinPat, que pasó de pagar 700.000 pesos de gas a 8.000.000 (1150%). Por su parte, el frigorífico de Berazategui, SUPBGA, pagaba 100.000 pesos hasta marzo; la última boleta fue de 850.000 pesos (850%).

La Gráfica en la que trabaja Plácido sufrió un aumento del 625% en el agua, del 500% en la luz y que un incremento de entre un 20% y un 30% en los insumos gráficos. Ante esto, el testimonio del obrero hace de cierre de la tenaza de Mauricio Macri: “la respuesta del Ministerio de Energía es que traduzcamos a precios; pero en Chilavert no lo podemos traducir a precios, porque si no perdemos los clientes que van a salir a comprar afuera”.

La facturación en cuanto a la importación de productos textiles aumento un 39% en lo que va del año. En el caso de la cooperativa Acetato Argentino Limitada, la sumatoria les está resultando letal. Únicos productores de Acetatos en Latinoamérica, no pueden competir con el costo del importado, por lo que las ventas se redujeron drásticamente. Un gráfico realizado por la cooperativa y presentado en el informe revela dos índices, el de la facturación de electricidad y la del consumo. Si se tiene en cuenta que el uso de energía está directamente relacionado al nivel de producción de la empresa, se observar el impacto de las políticas estatales: una baja terminal de la actividad y un aumento exponencial de los gastos tarifarios. De lo viable, inviable.

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“Los tarifazos muchas veces son sentencias de muerte” indicó Ruggeri, a lo que agregó “el menemismo hizo una desindustrialización acelerada pero ahora estamos a velocidad turbo”.

Ensañamiento

El informe señala varios “cambios” en cuanto al rol del Estado. Los programas destinados al sector se han paralizado, desfinanciado o directamente desaparecido y con ellos los interlocutores específicos.

En provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal vetó tres leyes de expropiación: Acoplados del Oeste de Merlo (ADO), DEPE de San Martín y el Hospital de Lavallol de Lomas de Zamora. Según describió el presidente de la cooperativa de Merlo, los fundamentos del veto de la gobernadora están basados en el único informe respondido desfavorablemente que, paradójicamente, es el del Ministerio de Trabajo. Para esa cartera, las ERT no son de utilidad pública sino de utilidad privada. Esto niega la historia y la razón de ser de la recuperación de empresas que no solo es llevada adelante por los trabajadores, sino que reciben el apoyo de la comunidad ante el despojo y la estafa de los propietarios.

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Otra arista importante en el cambio de época, es el aumento de la hostilidad judicial. La publicación marca el desalojo de Industrias R.B., del Partido de Vicente López. La expulsión de los trabajadores se llevó adelante con una violenta represión, yendo en contra de la ley de expropiación, que continua vigente y a título oneroso de la cooperativa. También se mencionan el desalojo del restaurante La Aguada en la ciudad de La Plata y el intento de remate de La Lagunita Ltda., donde además funciona la radio comunitaria La Mosquitera, ubicadas en la provincia de Mendoza.

En este clima, los buitres no se hacen esperar. Según el Director del Programa, “ya andan dando vueltas esperando a que aparezca la carroña”. De hecho, en lo que va de año ya se liquidaron cuatro Empresas Recuperadas. Según el informe, empieza a primar la idea de que las quiebras empresarias no deben ser resuelta por los trabajadores, sino por los inversores”. En dos  de los casos de San Martín, FORJA y la ex Coventry, la cooperativa 2 de Diciembre, primó el negocio inmobiliario. En el de DEPE -de la misma localidad- se acordó el contrato en forma precaria a una minoría de trabajadores.

Ruggeri comparó el procedimiento con “los retiros voluntarios de la última etapa de Alfonsín y los primeros de Menem, donde previo a la privatización, el retiro voluntario parecía algo ventajoso, cuando las cosas se ponen difíciles los trabajadores piensan que los problemas son de ellos o de la organización cooperativa y prefieren tener un patrón o, si aparece algo de plata, agarrarla”.

Otra recuperada emblemática de Berazateguí, la ex Acrow, Crometal, decidió vender su planta a un proyecto inmobiliario. El juez había rechazado el recurso, pero la venta se llevó a cabo igual mediante un cambio de la composición societaria y una suerte de indemnización por parte del comprador a los antiguos trabajadores. Según uno de los trabajadores la oferta fue de $60.000 a trabajadores de 19 años de antigüedad y una venta multimillonaria.

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El informe menciona al presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFRT), el abogado Luis Caro, como uno de los buitres. En la metalúrgica Indiel, de La Matanza, el letrado propuso varias veces la venta pero sin el apoyo de la asamblea. Acto seguido, un grupo minoritario de trabajadores tomó la fábrica y la planta está paralizada. Así, la solución de una inversión inmobiliaria aparece como inminente.

“Son cuatro casos confirmados de ventas en un mes, sin que se haya registrado ninguno en los 15 años anteriores” detalla el informe. Hay indicios de que Caro participó en las cuatro.

Algo que mecionó Ruggeri en una entrevista radial en FM Raíces Rock, es la de haber recibido comentarios de la Municipalidad de San Martín de que llegó una llamada de un “supuesto agente de un grupo inversor Norteamericano, pidiendo información sobre empresas recuperadas que pudieran ser compradas y que tenían no sé cuantos millones de dólares para eso”.

Por una agenda unitaria de lucha

El informe concluye aseverando que “Las acciones desplegadas hasta el momento por el gobierno buscan, principalmente crear un marco de precariedad laboral y desocupación que permita presionar los salarios de los trabajadores formales a la baja. Para completar ese círculo, también hay que hacer inviable la alternativa de la recuperación y del trabajo autogestionado.”

Por esto, Gisella Bustos, abogada integrante de la cooperativa 19 de Diciembre de San Martín, fue clara en la convocatoria: “a la impotencia y la bronca la tenemos que transformar en más organización” y para esto “es urgente lograr una agenda unitaria de lucha”. El titular de FACTA, Federico Tonarelli, comentó la experiencia que lleva adelante la federación, que conformó una multisectorial que viene dando la batalla junto a otros sectores, como el de clubes de barrios y centros de jubilados y que realizan diversas actividades ante problemas comunes.

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Como cierre de la presentación, Ruggeri destacó el capital de las Empresas Recuperadas, en las que “nunca la variable es la perdida de trabajo sino el de conservarlo” y agregó: “la recuperación de empresas no es particular de un sector, sino que es de los trabajadores”.

El informe, disponible en la página del Programa Facultad Abierta (www.recuperadasdoc.com.ar) cierra: “para conseguir esos propósitos tienen que vencer la resistencia de los trabajadores y trabajadoras que no nacieron como sujetos pasivos de su destino, sino que lucharon para forjarse uno propio, ocupando, resistiendo y produciendo a través de la autogestión”.


Un comentario Agrega el tuyo

  1. Soledad dice:

    que propone el Movimiento de Empresas Recuperadas para dar respuesta y viabilidad a los trabajadores de la cooperativa Indiel??

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