(Por Luz Albergucci*) Como en otras esferas de la realidad social y económica, también en Educación el gobierno tiende a estigmatizar todo lo actuado por el gobierno anterior y, en lo distrital, todo lo sucedido más allá de la General Paz. Las autoridades asumidas el 10 de diciembre, con el ministro Esteban Bullrich a la cabeza, suelen empalagar su discurso aludiendo a “todo lo que falta” para cumplir con los objetivos que plantea la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006 y eludiendo las condiciones del punto de partida de ese proceso y el recorrido logrado hasta que él se sentase en el despacho principal del Palacio Pizzurno.
Esas lecturas catastróficas, que paralizan o espantan, están muy alejadas de la realidad si se profundiza la mirada, se reflexiona sobre el camino realizado y se delinean los desafíos a futuro. El Ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, recorrió la Universidad de San Andrés y la Comisión de Educación y Cultura del Senado, repitiendo un diagnóstico desesperanzador, definido en términos de “fraude educativo”, que instala al tema en un falso escenario de paralización que provoca el “pánico” y que no comprende el conjunto de variables que inciden en el tema y, más aún, la dinámica del mismo.
La tasa de egreso del nivel secundario de educación común en Argentina ronda el 50%, esto significa que sólo la mitad de los jóvenes que empiezan el secundario en la educación común logran terminarlo sin más de 2 repeticiones. Pero esta medida estadística no contempla la cantidad de jóvenes que terminan su escolaridad secundaria en otras modalidades de la educación: instituciones de educación de adultos o a través del Plan FinEs. Entre 2007 y 2014, 1 millón de jóvenes y adultos recibieron su título secundario a través de estas modalidades. Según los datos de los Censos de Población 2001 y 2010 se logró en la década un 25% más de egresados en la franja de 15 a 29 años, y un incremento del 50% más de egresados en la población de 30 años y más.
El cumplimiento de la obligatoriedad del nivel secundario es todavía una deuda del Estado y un desafío de la sociedad argentina. Sin embargo, no es correcta la presentación que hace el Bullrich al afirmar que “En Argentina la mitad de los jóvenes no llega a un título secundario a pesar de que se cumplan 10 años de la obligatoriedad del nivel (…) Nosotros estamos incumpliendo la ley con la mitad de los jóvenes en la Argentina” y ocultar los avances logrados.
La virtuosa herencia
Con independencia de los diferentes recorridos que los jóvenes realizan en la actualidad para completar el nivel secundario, es necesario mirar cómo estaba la Argentina en este rubro cuando la Ley de Educación Nacional se sancionó en 2006: sólo el 37,6% de los jóvenes que empezaban el nivel secundario lo terminaba. En 2013 (último año disponible), con ese 50%, se alcanzó un crecimiento de 12 puntos en la tasa de egreso del nivel secundario, de acuerdo con los relevamientos anuales de la Dirección de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Dirección de Información y Estadística Educativa.
El Estado realizó múltiples acciones para garantizar la educación secundaria y cada vez fueron más los jóvenes que ingresaron a la secundaria y lograron egresar. Esto muestra no sólo el avance en el cumplimiento de las metas propuestas, también permite visualizar el camino que los jóvenes, las familias, los docentes, las escuelas y la sociedad en general vienen realizando. Si se pierde esto de vista, se corre el riesgo de mirar la situación actual como si se estuviese cayendo a un precipicio, como pretende mostrar el actual ministro. Sin embargo, sucede todo lo contrario, se está subiendo una montaña, con pasos firmes porque no se registraron retrocesos en ese recorrido y se busca alcanzar una meta: llegar a la cima del 100% de los jóvenes con título secundario completo.
Por otro lado, también corresponde remarcar que el país demoró noventa años en cumplir con la Ley 1420, que establecía la obligatoriedad del nivel primario. No es que deban pasar 80 años más para lograr lo mismo en el nivel secundario, sino que no pueden hacerse análisis sesgados de procesos que son complejos y dinámicos.
Si se continúa reforzando y mejorando, si el Estado mantiene esta línea de trabajo, el crecimiento del egreso en Argentina seguirá creciendo a pasos agigantados, porque la sociedad lo demanda cada vez más y porque las condiciones en las escuelas ya no son de abandono, como sucedía en plena crisis de principios de Siglo, antes de la gestión Kirchner, iniciada el 25 de mayo de 2003.
Las políticas de derechos de protección social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Progresar, acompañan estos procesos. La implementación de los Planes de Mejora de la educación secundaria, la distribución de libros y equipamiento a las escuelas y las políticas de inclusión tecnológica a través del Programa Conectar-Igualdad también cargaban de sentido y de desafíos a la educación secundaria y una de las primeras acciones del actual gobierno fue desmantelarlo, despidiendo a todos los trabajadores que producían contenidos para las netbooks y a los que realizaban el trabajo territorial de acompañamiento y construcción colectiva con los docentes en las escuelas.
Educación como mercado
El diagnostico de “fraude educativo” remite a la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, única jurisdicción que muestra un retroceso en la tasa de egreso del nivel secundario. En 2006, año de sanción de la Ley de Educación Nacional, del total de los jóvenes porteños que comenzaba la secundaria, alcanzaba su título el 58,5%. Según los últimos datos disponibles hoy egresa el 57,7%. Si se retrocede hasta los últimos 15 años, el egreso del nivel secundario capitalino cae 7 puntos porcentuales. Este fenómeno negativo va acompañado de otros, como la caída de la matrícula secundaria de educación común y en la cantidad de alumnos de nivel secundario en las escuelas del sector estatal.
Merece un análisis aparte los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad educativa. El presidente Mauricio Macri, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso nacional expresó su intención de evaluar el sistema educativo, logrando que todos los establecimientos participen de las pruebas. Al hacerlo, ocultó que la jurisdicción con la más baja cobertura del Operativo de Evaluación de la Calidad Educativa (ONE) 2013 fue la Ciudad de Buenos Aires, entonces gobernada por él, que no aplicó la prueba en la totalidad de los establecimientos de educación secundaria en los que debía evaluarse el desempeño de los estudiantes del último año.
Ante el Senado de la Nación, Bullrich aseguró que se va “a evaluar todos los años, todos los niveles y vamos a informar a la sociedad cuál es el nivel de calidad de la educación. Sin violar la ley, lo vamos a hacer por provincia y por municipio”, algo que no cumplió mientras estuvo a cargo de la cartera porteña.
El concepto mismo de “evaluación” que viene acuñando el PRO y reflejan los medios que acompañaron su gestión en la CABA y actualmente en el país, se asocia a la medición del “producto” a través de una lógica mercantilista, donde la función central del Estado es el control, colocando los valores de la competitividad y eficiencia en el ámbito educativo y apareando como sinónimos los conceptos de “calidad” y “medición de resultados”.
En relación a la publicación de los datos del ONE2013, el Consejo Federal de Educación ubicó la responsabilidad del manejo de la información en cada gobierno provincial. ¿Qué hizo el ministro Bullrich con los resultados de la Ciudad? Los escondió, no sólo no los puso “al servicio de la sociedad”, como promete, sino que tampoco los trabajó con los directores y supervisores del sistema educativo. El ONE2013 en el nivel secundario de CABA mostró una caída impresionante en los aprendizajes y guardó esos datos.
Pero hoy, instalado en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación decide que los pondrá “al servicio de la comunidad”. Seguramente el cambio de línea radica en que no se considera responsable directo de los establecimientos de todo el país, se limitará a poner al “servicio de la comunidad” los resultados de la evaluación para que cada jurisdicción y municipio se haga responsable del cumplimiento de los objetivos.
Por último Bullrich se pregunta: “¿cuántos Ministros de Educación renunciaron porque esa Ley no se cumple?”, y repite con insistencia: “hagan juicio si no hago lo que tengo que hacer”. En lugar de juicio político por lo mal actuado en la CABA, la Argentina tiene ahora un ministro premiado con la responsabilidad de conducir la política educativa en todo el país.
* Docente. Miembro del Colectivo Pedagógico Presente.