(Por Carlos A. Villalba*) Con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación, centenares de representantes de empresas transnacionales estadounidenses y europeas y de grupos económicos oligárquicos locales desembarcaron en los despachos más importantes del Estado nacional.
Shell, LAN, General Motors, JP Morgan, Deutsche Bank, Telecom, Techint , Clarín, La Nación, Farmacity, Monsanto, HSBC, Grupo Clarín, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity, Axion…, forman parte del listado parcial de grupos económicos que manejan las botoneras estratégicas del gobierno. Ellos mismos se encargan de definir y ejecutar las políticas relacionadas, de manera directa, con el rubro en que se desempeñan sus empresas.
Jueces y parte, ambos lados del escritorio, zorros en el gallinero… todo eso, junto y al unísono.
Multiplicar es la tarea
Como regalo del Día del Trabajo, el 1° de mayo el ministro de Energía y Minería de la Nación, ingeniero químico Juan José Aranguren, dispuso el quinto aumento de combustibles desde la asunción de Macri. En consecuencia, el incremento diciembre/mayo del precio de las naftas fue del 34% (6% en diciembre, enero, marzo y abril y 10% en mayo), logrando que la nafta súper ronde en la Ciudad de Buenos Aires los $17,08 promedio, equivalentes a u$s1,20, solo superados por el precio paraguayo de u$s1,26 y el uruguayo de u$s1,35.
Llenar un tanque de 48 litros con nafta súper costaba $624 promedio en diciembre de 2015; a partir de ahora habrá que desembolsar más de $816. La Argentina, entonces, fue incorporada al “selecto” grupo de países con los valores del combustible más altos del planeta, cuando el precio del barril de petróleo en el mundo está sumergido por debajo de los u$s44. Tras el último aumento, las petroleras ganan más en el país que en EE.UU.
Al encarecimiento de los combustibles se suma el aumento de las tarifas de gas y electricidad, lo que genera un escenario explosivo, con reducción rotunda del poder adquisitivo de sectores medios y bajos.
El mercado de los combustibles en la Argentina es oligopólico, es decir que pocas empresas controlan el sector. En el caso de la elaboración de naftas súper:
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YPF -de mayoría accionaria estatal-, produjo en 2015 el 56,4%
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El segundo lugar, con 16,6%, fue para la anglo-holandesa Shell
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Axion, ex Esso y hoy sociedad entre los hermanos Bulgheroni y la estatal china CNOOC, 14,6%
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Oil Combustibles, del Grupo Indalo de Cristóbal López, el 8,2%
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y el 6,8% es producido por la brasileña Petrobras, en vías de pasar a manos del Grupo Pampa Energía,una sociedad Registrada en la guarida fiscal del Estado de Delaware, controlada indirectamente por Marcelo Mindlin, director Titular de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA – EDENOR SA y de la Transportadora de Gas del Sur SA.
El dato, de dominio público en un país en que la marcha de la economía y las conductas de sus actores son seguidos por muchos casi con el mismo interés que generan los partidos de fútbol, es que Aranguren integró el plantel de Shell Compañía Argentina de Petróleo, desde 1979 y la presidió hasta junio de 2015, cuando anunció su salida de la transnacional para sumarse, sin escalas, al equipo de Cambiemos para diseñar su política energética.
Ministro-Accionista
Otro dato, también público aunque menos conocido, es que el ex CEO de la anglo-holandesa es propietario de $13 millones en acciones clase A de la casa matriz de la Royal Dutch Shell. La ecuación podría ser resuelta por los alumnos de primer año de secundaria: cada vez que el ministro Aranguren dispone un aumento del precio de los combustibles, Shell Argentina, segundo jugadora en ese mercado, gana mucha plata; su matriz asentada en La Haya, Países Bajos, gana muchos dólares y el accionista Aranguren, multiplica su fortuna…
A juicio del diputado Martín Doñate (FPV-PJ de Río Negro) el CEO de Shell hasta junio pasado, ministro desde el 10 de diciembre y tenedor actual de acciones de la petrolera, estaría “incurriendo en incompatibilidad para ejercer el cargo público; conflicto de intereses en lo económico; trato familiar con los directivos de la mencionada empresa, y eventual comisión de delitos de acción pública contra el erario nacional”. Por esas razones lo denunció ante la Oficina Anticorrupción de la por ahora invisible Laura Alonso, tras considerar que se está “frente a una obscena y manifiesta violación de la ley 25.188 de ética pública”, además de señalar que el funcionario del PRO se aprovecha del cargo “para tomar medidas que beneficien a la empresa de la que es accionista, como asimismo, obtener información secreta y confidencial de su competidora YPF”.
http://radiocut.fm/audiocut/entrevista-martindonate-para-seguir-con-la-denuncia-contra-aranguren-diputadosfpv_pj-fbernalh/
Todo eso, más allá del altísimo daño que causa en la economía real el aumento de los precios de los combustibles, mucho más en el actual contexto recesivo, con alta inflación y aumento de la desocupación generada por los despidos público-privados, consecuencias de las políticas del presidente Macri y su equipo.
Toman todo
El gobierno Cambiemos decidió importar gasoil para enfrentar el aumento invernal de consumo energético, sacó al mercado ocho licitaciones para el transporte en barcos del combustible. Siete de ellas fueron adjudicadas a… Shell Western, la unidad de negocios de la petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell, que maneja sus asuntos en América desde oficinas en la isla de Barbados en el mar del Caribe.
El pago por el conjunto de cargamentos garantizados por el ministro Aranguren a la empresa de la que es accionista ronda los u$s 132 millones, a solventarse con subsidios del Tesoro nacional, a través de la misma operatoria de importación que fue muy cuestionada por el PRO cuando estaba en la oposición al kirchnerismo.
La declaración jurada patrimonial del actual titular de la cartera de Energía, presentada ante la Oficina Anticorrupción con datos de 2014, reconoce la propiedad de unos $ 13 millones en acciones de la Shell, casa matriz controlante tanto de la petrolera local como del trading que interviene en la maniobra de importación de crudo. El dato fue revelado por el periodista Nicolás Gandini en el bisemanario Perfil. Versiones supuestamente filtradas por fuentes del PRO afirman que, en el marco del escándalo mundial que envuelve a los involucrados en los Panapapers -como Mauricio Macri y muchos de sus ministros y colaboradores-, en la Casa Rosada “temen que el actual titular de Energía cuente con una tenencia accionaria incluso mayor, oculta a través de algunos prestanombres”.
Siendo presidente de la corporación Shell en el país, el hoy ministro Aranguren, fue multado por el gobierno kirchnerista por maniobras ilícitas en el sector energético y denunciado por manejos ilegales con el dólar, destinados a promover la devaluación en el año 2014/15. La puja tuvo uno de sus picos cuando Aranguren intentó desestabilizar la cotización de la moneda estadounidense con la compra de u$s 6 millones a través de los bancos internacionales Citi, Francés y HSBC.
Recordando aquellas jornadas, el ahora ministro de Energía reconoce que aquellos días le hicieron “doler un poco la cabeza. Haber terminado el día un tanto exhausto”. Sin embargo, desde diciembre de 2015, se desquitó y permitió que la empresa a la que perteneció toda la vida tome revancha y, también, dividendos.
Atendido por sus dueños
El mapa del equipo con el que copó su área y los organismos de contralor pertinentes constituye la foto más clara de una gestión gubernamental atendida por los propios dueños de las empresas reguladas y del sector energético en general.
Presentados por los grandes medios como jóvenes con experiencia y buena formación académica, en realidad, son representantes directos de las empresas privadas que el Estado debería regular, ordenar y conducir en función de una estrategia energética nacional.
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Alejandro Sruoga, que trabajó para Pan American Energy, fue designado Secretario de Energía. Sebastián Kind, un hombre de Edesur fue nombrado Subsecretario de Energías Renovables, y Osvaldo Rolando, actual asesor de Energía, se desempeñó en la gerencia de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina. El Secretario de Planeamiento Energético, Daniel Recondo, fue CEO de Esso y Exxon Mobil.
Ese es el molde que se repite; por ejemplo en los entes reguladores del sector.
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Como Interventor de Enargas instalaron a David José Tezanos, ex titular de Metrogas y director de Gas de YPF, que anteriormente trabajó en Transportadora de Gas del Sur (TGS). Como subinterventor nombraron a Daniel Perrone, director de Asuntos Institucionales de Transportadora de Gas del Sur (TGS).
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A la cabeza del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ubicaron a Juan Garade, que fue once años como director de Planificación, Control y Regulación de Edesur y fue gerente de Planificación Económica de Edenor. En una de las direcciones se sentó Ricardo Sericano, quien trabajó en cargos gerenciales también en Edenor.
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Aranguren no titubeó al nombrar como asesor a Carlos Bastos, uno de los responsables de las privatizaciones en los ´90, durante la presidencia de Menem, que trabajó también con De la Rúa, colaborando activamente con Domingo Cavallo, un técnico que se atrevió a declarar contra su país cuando tres empresas norteamericanas y una italiana le hicieron juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal dependiente del Banco Mundial.
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El secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, es un ejecutivo clave del grupo Bulgheroni y viene de Pan American Energy; a su lado colocaron a Pablo Popik como subsecretario de Refinación y Comercialización, otro recurso de la compañía de combustibles Axion, integrada a Bridas.
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La empresa del Estado Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) quedó a cargo Hugo Balboa, también proveniente de Axion de Bridas (Grupo Bulgheroni y CNOOC-China).
La decisión de cambiar radicalmente la política energética había sido claramente expresada por Aranguren desde un principio, cuando afirmó que el autoabastecimiento energético no sería una prioridad de su gestión y anunció recortes a las inversiones que YPF venía realizando y habían permitido aumentar significativamente la producción de Petróleo y gas por parte de la empresa y su participación en el sector petroquímico.
Sus medidas en este campo avanzaron hacía el debilitamiento de la empresa todavía estatal.
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El nombramiento como presidente de YPF de Miguel Ángel Gutiérrez, proveniente del JP Morgan y de Telefónica, es una muestra clara de su decisión de “limar” la función de la principal corporación nacional, contra lo que fue la política del anterior gobierno nacional.
Se sumaron a la gestión muchos directivos provenientes de empresas del sector cuya principal política en las últimas décadas fue la de privilegiar la maximización de ganancias en el corto plazo y la remisión de las utilidades al exterior. Un ejemplo claro es el de Repsol que, entre 1997 y 2010, obtuvo utilidades por u$s 16.600 millones y distribuyó dividendos, que fueron remitidos al extranjero, por 14.200 de esos millones. Al distribuir más del 85% de las utilidades generadas, las posibilidades de capitalización de la empresa fueron prácticamente nulas. Desde 2007 hasta su nacionalización, Repsol-YPF duplicó su nivel de endeudamiento y produjo un virtual agotamiento del capital de la empresa.
En el directorio constituido tras la eyección de Miguel Galuccio, decidida por el propio Aranguren contra la opinión del mismísimo Macri, aterrizaron:
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ex REPSOL, como Carlos Felices y Roberto Monti, que también acaba de revistar en las filas del Grupo Techint;
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Daniel Kokogian, director y technical advisor de Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekian
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Luis Domenech, ex presidente de Metrogas
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Inés María Leopoldo, con pasado en empresas vinculadas a las telecomunicaciones como Telecom, La Nación, Terra Networks y TTI (del grupo Bridas) y Telefónica
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Octavio Frigerio, padre del actual ministro del Interior, ex interventor de YPF en 1990, con un paso por la Comisión Cascos Blancos también en esos tiempos del menemismo, que le costó distintas acusaciones de “malversación de fondos del Estado”, recepción de contenedores con falsas aportes y aceptación donativos de “fuentes ‘inusuales’”, por parte de Alfredo Yabrán y de la secta Moon.
El impresionante aumento tarifario en gas, luz, agua, transporte y teléfono, fue el primer gesto amigable de estos funcionarios a las empresas con las que comparten “ideales”, que les dieron trabajo, de las que “se sienten parte”, a las que volverán cuando el gobierno de Macri sea un recuerdo y, en muchos casos, de las que tienen acciones.
La nueva política energética también es el comienzo de la reversión de los lineamientos impulsados desde el 25 de mayo de 2003, que tuvo su punto álgido en la nacionalización de YPF, que permitió al Estado ampliar su participación en la producción de petróleo y gas, incluso en la distribución del fluido, y recuperar el liderazgo en el proceso de refinación y en la producción y venta de naftas, gasoil y de otros combustibles. Todo lo que Aranguren, el accionista de Shell, rechaza.
* Psicólogo y periodista. Investigador argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico