LA SEGURIDAD VUELVE EN FORMA DE CRIMINALIZACIÓN

“¡La decisión está. La seguridad vuelve!”. Así termina el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad Nacional en el que se difunde el nuevo Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar”, anunció la ministra Patricia Bullrich.

Por Marianela Nappi / Fotos: Pablo Caprarulo y Lucía Merle

El miércoles a la tarde, luego de la jornada de más de 200 cortes de ruta por parte de 40 organizaciones sociales y políticas que exigen la liberación de la dirigitente y parlamentaria jujeña, Milagro Sala, la ministra de seguridad Bullrich, reunió al Consejo de Seguridad Interior. “Con el 80% de adhesión de las provincias, se logró poner en marcha el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, menciona el comunicado oficial de la cartera. Entre el 20% que aún no han presentado si adhesión, se encuentran las provincias de Chaco, Santa Cruz y Neuquen.

De acuerdo a lo mencionado en la normativa, que regirá en los días próximos, se puntualiza en el accionar tanto de los manifestantes como del cuerpo policial. Anteponiendo “la libre circulación” ante el derecho a protesta, se ratifica que las últimas se constituyen en calidad de “delitos penales según el artículo 194 del Codigo Penal”. En este sentido, Bullrich, advirtió en radio La red que “a partir de ahora los manifestantes sabrán a qué atenerse en caso de hacer lo que hicieron el día de ayer”. Y agregó “Les damos 5, 10 minutos, les pedimos que se retiren por las buenas, les decimos ‘queremos que se vayan y hagan la manifestación al costado’

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Todo lo que la ley no prohíbe está permitido

El nuevo Protocolo establece que quienes se encuentren con objetos  contundentes o inflamables, palos o cualquier elemento podrá ser “aislado e identificado” por parte de la fuerza interviniente.  En este sentido, y de acuerdo a la declaración de repudio a la “Limitación de la Protesta social”, difundida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el documento oficial de seguridad  “no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta”.

La preocupación, en este sentido, por parte de organizaciones de DDHH, radica no sólo en los “baches” que se presentan en el documento oficial, sino además, en la modalidad de la acción que asumirán las FFSS.  A cuenta de esto, la ministra Bullrich, aseguró en Radio La Red “Si usted tiene una persona a la que le van a quemar la casa, la primera fuerza en llegar es la Policía del barrio. Esos policías están armados. No pueden dejar las pistolas en el patrullero porque sería más peligroso. Además hay que proteger a la persona que está dentro de su casa y puede ser linchada”

A su vez, varios de estos organismos, coinciden en que la nueva disposición promueve, en favor de promover el “orden público” la  criminalización de la Protesta social y la libertad de expresión.

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El autogobierno

Otro de los ejes relevantes en el documento oficial de la cartera securitaria es la que refiere al llamado “autogobierno”. De acuerdo a los dichos de la funcionaria Bullrich, desde el Gobierno han “dejado que sea cada una de las fuerzas de seguridad, monitoreada por el Ministerio, la que pueda plantear la previsibilidad o no de la acción y cuál es la fuerza que pueda estar en cada manifestación“. En este sentido, ni el protocolo ni los funcionarios de la cartera lograron explicar de qué manera se llevará adelante el monitoreo que se propone. Sólo se menciona la posibilidad de “finalizada la intervención y replegado el personal, en caso de corresponder, se ele-varán las actuaciones de todo lo ocurrido a la autoridad judicial competente”.

Con el cerco mediático no alcanza

“Les acomodamos los medios de comunicación, si el objetivo es dar a conocer la protesta” argumentó la ministra Bullrich.

Uno de los puntos del protocolo, a su vez, hace mención a la modalidad en que los medios de comunicación podrán “participar” durante la protesta social.  Como quien acomodara las fichas en un tablero de ajedrez, el protocolo establece que la cobertura mediática “se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada”. Y agrega que la disposición tendrá como objetivo garantizar la integridad física de los trabajadores de la comunicación.

El documento oficial, en este punto, sí especifica que las fuerzas de seguridad no podrán ser destruidas ni confiscadas por parte del organismo policial.

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Lucia Merle
Lucia Merle

De corte en corte

Desde los funcionarios de la cartera de seguridad del Gobierno Nacional no se hizo mención a la manera en que se estarán llevando a cabo el protocolo propuesto respecto a los esporádicos cortes vecinales por la falta del suministro eléctrico. Cabe recordar que, durante la jornada del miércoles, la falta de luz afectó a 200 mil hogares, esto promovió la salida de vecinos a las esquinas de sus viviendas con motivo de manifestarse por la falta del suministro.

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