DESPIDOS Y DESPEDIDORES EN LA BALANZA DEL PODER JUDICIAL

Los despidos que comenzaron en el sector público crecen día a día sin encontrar su techo, y se extienden como una luz verde sobre el sector privado. Es comprensible que “hacer juicio” a los empleadores sea una reacción, ante la impotencia, ante el desamparo. Pero sin acciones colectivas,  son mínimas las posibilidades de que algún juez aplique la mitad de la jurisprudencia que favorece a los trabajadores.

Por Vanina Pasik

Vale decir, para empezar, que la receta del gobierno nacional no es nueva: ya la aplicaron en la Ciudad de Buenos Aires, y responde a grandes escuelas que piensan en términos económicos a la gestión de los Estados. Así, cada despido no representa un derecho vulnerado: representa un ahorro.

En el fuero laboral se suelen citar dos fallos de la Corte Suprema de Justicia, ambos del 6 de abril de 2010. Es parte de esa vieja costumbre de concebir a la Justicia como una balanza que se debe equilibrar, para un lado y para el otro. Uno fue favorable al trabajador, a quien le reconocieron la indemnización pero no el derecho a la estabilidad laboral. Es decir, lo indemnizaron, pero no fue reincorporado.

José Luis Ramos prestó servicios en el Ministerio de Defensa durante 21 años, entre 1976 y 1998, y tanto en primera como en segunda instancia los tribunales habían considerado que no merecía ser siquiera indemnizado. Sánchez no era planta permanente: facturaba una “locación de servicio”.

Sin embargo, los Supremos consideraron que se trataba de una relación de dependencia encubierta. Al revertir los fallos anteriores, 12 años después, ordenaron pagar la indemnización que surge de la ley 25.164, de regulación de empleo público nacional. La indemnización que debieron pagarle era igual a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. En este caso, los jueces consideraron que hubo un abuso en el tipo de contratación, porque no estaba prevista que esta modalidad se extendiera por más de 5 años.

El otro fallo, que equilibró la balanza para el lado de los patrones, era el de Carlos Próspero Sánchez, que trabajó en la Auditoría General de la Nación durante 8 años.  Sin embargo, no se reconoció el derecho a indemnización por entenderse que “la legislación nacional que regula el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación autoriza expresamente la celebración de contratos” como el que tenía el demandante, “ya que la actividad de este organismo de control hace necesario contar con un cuerpo de auditores externos”. La estabilidad sólo rige para aquellos cargos obtenidos por concurso.

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Discriminación

Otro fallo del que se viene hablando en las oficinas estatales, donde los despidos discrecionales amenazan a todos por igual, sin ningún criterio, es el fallo de la Cámara del fuero laboral que dispuso la reincorporación de nueve trabajadores de la Afsca, militantes de Nuevo Encuentro, al nuevo ente regulador, Enre, creado por decreto.

Los jueces Diana Cañal y Luis Aníbal Raffaghelli, que integran la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Feria, dieron lugar a una medida cautelar solicitada por los cesanteados y ordena que se los reincorpore por considerarlos despedidos por razones discriminatorias.

En este caso se aplica una “inversión de la carga de la prueba”. Esto quiere decir que se mostraron indicios de que los trabajadores habían sido discriminados por su identidad política, y entonces es el contratador quien debería probar que no fue así. Por eso, el fallo establece que los despedidos tuvieron razones políticas, e invoca al artículo 1 de la Ley Nº 23.592 de Actos discriminatorios.

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Advertencias

En estricto off de record, un abogado que se encuentra analizando la situación se animó a calificar a la coincidencia de estos dos jueces en esta cámara como una “constelación divina”, ya que el resto del año prestan servicios en diferentes Salas. Hay mucho del azar a la hora de predecir la suerte que tendrá una demanda laboral.

Primero, es necesario saber que no todos los juzgados del fuero laboral consideran que tienen competencia sobre los litigios de trabajadores del Estado. Entre los 80 juzgados laborales, son apenas 5 los que aceptan este tipo de casos. El resto los remiten al Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario. En el caso de las 10 salas de la Cámara de Apelaciones la proporción se mantiene.

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Gestión de la ilegalidad

El cálculo que hacen los liberales cuando tienen el gobierno es económico. Piensan: “Si yo tengo que pagar 100 salarios, pero me quiero quedar con 50, entonces echo a 70. De los 50 que reclamen, reincorporo a 20. Al resto no les pago ni el mes de preaviso, ni las vacaciones adeudadas. De esos 50 despedidos, 20 van a reclamar, y otro 30 ya me los ahorré. De esos 25 que reclaman, 15 van a hacer juicio, y serán apenas 3 los que ganen”.

Así gestionan, sin contemplar derechos. Incluso, hay fuertes rumores, de que en 2011, para contar con plata para la campaña electoral, el gobierno de la ciudad decidió dejar de pagar los aportes de sus 120 mil empleados, durante 6 meses. Con ese 17% de los salarios se dedicaron a hacer una timba financiera que les sirvió para su campaña y también para pagar la multa y ponerse al día con la ANSES.

Más allá de los rumores, Carlos Lelio, del linaje del ministro de Modernización Andrés Ibarra, desde SOCMA, Correo Argentino y la gestión porteña, se jacta de su forma de gestionar los conflictos laborales. En su prontuario cuenta que el ministerio creado por Mauricio Macri con el objetivo de “darle potencia al recurso humano” en agosto de 2012 una normativa de reglamentación de las asambleas gremiales. Por ejemplo, la disposición establece que los trabajadores debían pedir permiso con un plazo mínimo de tres días hábiles y que la autoridad estatal podría disponer que se realizara fuera del horario laboral.

Los despidos no apuntan sólo a reducir el gasto en salarios, sino que además sirven para adiestrar a los empleados que quedan. Así han logrado descender retroceder varios escalones en la agenda sindical, que hasta el año pasado se centraba en mejorar las condiciones de contratación, o pelear por la eliminación del impuesto a las Ganancias en casos de asalariados, o elevando el techo.

Por eso, más allá de pensar en las necesidades individuales, en el derecho a la estabilidad laboral, en el derecho a percibir una indemnización, es muy difícil que un juzgado resuelva favorablemente para el trabajador, sobre todo si el problema se presenta en términos individuales. Como siempre, en el caso de los trabajadores, la tarea principal es el fortalecimiento de los instrumentos de representación colectiva.

Lelio y sus secuaces saben aprovechar las fragmentaciones entre los trabajadores, el miedo y las necesidades materiales para que los conflictos le salgan más baratos.

Documento oficial de despidos: El-documento-del-Gobierno-con-el-plan-de-despidos-en-todos-los-ministerios TA 11.2

 

 

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